A la luz de la teoría de los conflictos del noruego Johan Galtung (fallecido este 17 de febrero), se podría decir que el epicentro de la agitada contradicción con Argos es su comportamiento económico, que, en el caso de Ciudad Mallorquín, confirma una visión del desarrollo urbano poco amistosa con la naturaleza. Esa contradicción en ningún momento ha tenido, de lado y lado, expresiones de irrespeto o violencia.
No compartimos la visión urbanística de Argos. Tampoco los métodos para conseguir sus fines inmobiliarios. Por ejemplo, Argos renunció a una demanda contra el Pomca Mallorquín 2007, que le parecía un estorbo ambientalista, cuando vio que serían levantadas las restricciones constructivas en el área intervenida. Hizo también un lobby intenso para que las normas del POT 2014 de Barranquilla le favorecieran y logró que una exfuncionaria suya fuese su coordinadora general. Que alguien me diga si esto es éticamente plausible.
Así pues que hemos estado animando este debate solo por las razones expuestas. No hay una aversión personal a Argos. Por el contrario, admiramos su rutilante y exitosa historia empresarial y le agradecemos que durante varios años apoyara las actividades de la Fundación Protransparencia. No por eso, sin embargo, teníamos que tragarnos nuestros desacuerdos. Eso no va ni con nuestro talante ni con nuestra manera de entender la defensa del interés público. Que siempre debe primar sobre el interés privado. Somos agradecidos, pero no obsecuentes.
Ojalá este debate contribuya a elevar la concientización pública en torno a un asunto medular: el desarrollo urbano de la ciudad y su vecindad metropolitana tiene que guardar sagrado equilibrio con la naturaleza. La predominancia de una contracultura antrópica no ha permitido eso hasta ahora. Ciudad Mallorquín es tal vez el más polémico ejemplo. Por eso urgen arreglos al Pomca Mallorquín 2017, al POT 2014 de Barranquilla y al PBOT de Puerto Colombia. Y no pueden quedarse en el papel. Para sujetar a un modelo racional de desarrollo territorial y ambiental a un gigante como Argos, se necesita una institucionalidad pública que imponga las normas y no al revés. Esto implica mantener encendido el fuego del debate ciudadano. Que no es coyuntural. Es estratégico.
De modo que el conflicto con Argos no es por ojeriza a la sociedad antioqueña, donde tengo apreciados amigos como el exgobernador y exalcalde Sergio Fajardo.
La actuación de la Procuraduría y la Fiscalía puede ser muy incidente para contener el urbanismo devastador de Argos. Depende de que sus investigaciones marchen a la mayor velocidad para que se vean resultados disciplinarios y penales.
