l 30 de noviembre de 2010 la carretera que conduce a Santa Lucía se partió y por ahí empezó la más grande inundación que ha sufrido el sur del Atlántico. Era un día de nubarrones oscuros sin llegar a ocultar el sol. La carretera que actúa de barrera no resistió la fuerte presión de las aguas del Canal del Dique y un boquete que en los comienzos de la desgracia era de unos 3 metros se amplió a 214 metros por donde ingresaron 1.400 metros cúbicos de agua por segundo que arrasaron animales, cultivos y casas, y dejaron un saldo de más de 100 mil damnificados en los municipios de Campo de la Cruz, Santa Lucía, Candelaria, Manatí y Repelón.
Pero no ha sido la única inundación que ha sufrido el cono sur del Atlántico. En 1650, cuando se construyó el Canal del Dique, se produjo la inundación de San Benito de las Palomas (hoy Repelón). Por crecientes del río Magdalena hubo también inundaciones en los años 1860, 1916, 1970, 1971, 1988, 2007 y 2008, pero por rompimientos en la carretera a Santa Lucía, otro antecedente fue el de 1984, cuando se anegó el sector agroindustrial de Santa Lucía, la parte trasera de Campo de la Cruz y la Ciénaga de Sanaguare.
¿Y si vuelve La Niña? ¿Podría repetirse una inundación igual o peor a la de 2010? El tema del alto nivel de vulnerabilidad del Atlántico frente a los desastres fue abordado ayer en un conversatorio realizado con los aspirantes a la Gobernación, por iniciativa de la Corporación Universitaria Reformada, la Asociación de Egresados de la Esap, la Fundación Redepares y la Fundación Protransparencia.
De lo que se trata, por supuesto, es de mirar hacia adelante. Y esto implica que el Atlántico se prepare para las oscilaciones de sequías e intensas lluvias del cambio climático, y que no quedemos a merced de la peor de las vulnerabilidades: la vulnerabilidad institucional, como lo evidenció la inundación de 2010, al punto que las alcaldías de los municipios arrasados no disponían de las más mínimas condiciones para atender la emergencia.
En esa dirección va a ser muy importante, como dicen los expertos en gestión del riesgo de desastres, que el gobernador y los alcaldes del Sur del próximo cuatrienio asuman y apliquen la Ley 1523 de 2012. Su filosofía es la prevención, y obliga a las autoridades a un mayor conocimiento de la realidad geofísica e hidro-meteorológica, lo mismo que a contar con adecuados instrumentos institucionales y ciudadanos para afrontar los riesgos de desastres. Desde luego, esta norma se aplicará si hay voluntad política, que es lo que falta en este país para todo, especialmente para proteger la Naturaleza. Lo ha puesto en evidencia un impresionante documental como ‘Colombia: Magia Salvaje’ que muestra tanto lo privilegiado que somos en biodiversidad como lo campeones que somos en la depredación de esta invaluable riqueza.
La conclusión es clara: si queremos adaptarnos al cambio climático, tenemos que crear un sistema de gestión del riesgo de desastres basado en el conocimiento y en la prevención, donde son fundamentales –claro está– la coordinación y la colaboración entre el Estado y la ciudadanía.
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