En los últimos 40 años, Colombia ha sido protagonista del narcotráfico. Entre 1994 y 2015, por su causa, fueron asesinados más de 76.000 nacionales, según Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes. Este flagelo cambió los valores, impuso la traqueta cultura del enriquecimiento rápido y desbordó las capacidades punitivas del Estado.
Al orden del día siguen las masacres y los homicidios en un contexto de pugnacidades generado por el narcotráfico. Siete masacres se han producido en 2023 en Barranquilla y el área metropolitana, la última de las cuales fue la de los Vega Daza en medio de un operativo de cine. Hasta mayo de 2023 sucedieron 304 homicidios en el Atlántico, de los cuales el 84% correspondió a Barranquilla (148) y Soledad (108).
A esta ola de muerte hay que agregar la extorsión, un delito que ha mostrado la capacidad de poner contra las cuerdas a muchos ciudadanos dedicados a las distintas actividades de la economía popular.
¿Cómo debe ser la respuesta del Estado? Integral, por supuesto. En esa tarea conjunta, en el Atlántico, tienen que converger la Gobernación, las Alcaldías de Barranquilla y el área metropolitana, la Justicia Penal, la Sijín y el Goes de la Policía, el CTI de la Fiscalía y el Inpec.
Además de esta concurrencia, se requiere un decisivo apoyo nacional, con acompañamiento territorial, para 1) fortalecer el Sistema Penal Acusatorio y los cuerpos de inteligencia de la Policía y la Fiscalía en recursos humanos, logísticos y tecnológicos, y 2) solucionar la crisis de hacinamiento del sistema penitenciario con la construcción de una megacárcel.
No partimos de cero: la Gobernación del Atlántico ha hecho esfuerzos para aumentar las capacidades de los organismos de seguridad y justicia con inversiones en infraestructura, movilidad y comunicaciones. Eso se expresa en estaciones de Policía, en el comando departamental de Sabanalarga y en el búnker de la Fiscalía en Soledad. Hay también avances en virtud de acuerdos con el Ministerio de Justicia, como las Salas Virtuales que permitieron superar el vencimiento de términos conectando los despachos penales con las cárceles para las respectivas audiencias. Hay que destacar, asimismo, la implementación en marcha del sistema de calidad en los despachos penales.
En contraste, en este cuatrienio, la Alcaldía Distrital no priorizó la seguridad. El alcalde Jaime Pumarejo no le dio al tema la debida importancia.
En el Atlántico necesitamos que el Estado sea efectivo en la defensa de la vida y el territorio y contundente en el castigo. Es lo único que puede disminuir la criminalidad y garantizarles la seguridad a los ciudadanos.
