Por episodios de corrupción como Odebrecht es que los ojos de los ciudadanos siguen viendo la política como una alcantarilla y a los políticos como una casta venal.
En Colombia, desde luego, la corrupción siempre ha estado presente. Desde la Colonia hasta la República. También ha estado presente en América Latina. La única diferencia es que Alan García tuvo la dignidad de suicidarse y los desvergonzados políticos de acá dicen que todo fue a sus espaldas.
El periodista argentino Diego Fonseca cuenta que Odebrecht “tenía un plan global de corrupción”, y lo puso en marcha porque la multinacional constructora brasilera estaba convencida de lo siguiente: “si voy a dedicarme a untar conciencias es porque tengo la meridiana certeza de que hay muchos oídos abiertos a mi propuesta y suficiente impunidad como para que nadie salga tocado”.
Odebrecht repartió miles de millones de dólares en varios países para conseguir contratos que la hicieran más rica. Fonseca revela que a comienzos de 2018 ya había comprado a más de 160 políticos latinoamericanos con más de 800 millones de dólares. Solo ocurrió una cosa: que su plan global de corrupción no pasó desapercibido y fue un escándalo.
En Colombia, está demostrado que Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga fueron financiados por Odebrecht. Confirmando que una de las lacras de nuestra democracia es el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Por eso vivimos lo de Ernesto Samper Pizano, y se investiga hoy si la campaña 2022 de Gustavo Petro recibió financiación ilegal.
Nada erosiona más la democracia que sus instituciones resulten permeables a la corrupción, y una de las instituciones importantes de la democracia son los partidos políticos.
Lo sucedido con Samper, Santos, Zuluaga y lo que está por probarse con Petro, ratifica, una vez más, que el remedio al financiamiento ilegal de la política (y al consiguiente rompimiento de los topes) es la financiación estatal de las campañas. No es lo único que hay que hacer para evitar que sucedan hechos como el de Odebrecht, pero sí puede reducir los riesgos de corrupción.
También la democracia colombiana tiene que hacer conscientes a muchos ciudadanos de que el derecho al voto no es negociable con ninguna prebenda, y lograr eso es fundamental para disminuir el costo de las campañas electorales.
A su vez, los partidos y movimientos políticos, que en Colombia son demasiados, tienen el difícil reto de superar el ‘todo vale’, seleccionar muy bien a sus dirigentes y prescindir sin rodeos de aquellos que resulten moralmente impresentables. Hay mucho por depurar en la asquerosa política de este país.
