Desde el día en que se regó como pólvora por las redes sociales que los senadores José David Name Cardozo y Efraín Cepeda Sarabia habían firmado un texto promovido por el senador nariñense Carlos Eduardo Henríquez Maya, en el cual un grupo de congresistas apoya la decisión del Gobierno Nacional de reajustar las tarifas de energía eléctrica con el argumento de conjurar el riesgo de un apagón nacional, se activó en estas redes un levantamiento de internautas airados con los dos parlamentarios del Atlántico. El domingo pasado, cuando el senador Name ingresaba a un centro comercial, en compañía de su hija de ocho años, fue blanco de embates verbales por parte de unas personas encrespadas por la decisión del parlamentario.
Ante esta delicada situación, los dos senadores me solicitaron el lunes escucharles –al calor de un pocillo de café– su punto de vista sobre el tema, y me hicieron saber que habían tomado la determinación de retirar su apoyo a ese reajuste, como en efecto lo hicieron en una declaración. Fue una salida autocrítica y valerosa. Queda claro que la gente lo que espera es que sus voceros políticos la interpreten bien. Y que se paren siempre firmes en la defensa de sus intereses.
Ellos me dijeron que la firma del documento estuvo animada por la preocupación surgida del riesgo de un apagón, y que en el momento no calcularon las proporciones de la molestia regional. Desde mi perspectiva de columnista de opinión les hice la observación de que en el imaginario colectivo lo que se estaba consolidando –en medio del generalizado descontento de Barranquilla y la Costa– era la hostil sensación de que los senadores Cepeda y Name le habían dado la espalda a la unidad costeña en favor de sus intereses políticos personales. Aceptaron que desde la mirada ciudadana las cosas se pudieran leer de esa manera, aunque no fuese así en el fondo, y pidieron que no quedaran eclipsadas las exigencias que ambos han hecho, junto a los gremios económicos y a medios de comunicación como EL HERALDO, de que existan tarifas igualitarias del gas para la Costa y el interior, así como un gasoducto del interior a la Región para que el beneficio sea de doble vía, si partimos de la base de que el sistema energético nacional es –se supone– integrado.
Los dos senadores entendieron que la convalidación de un reajuste tarifario en la energía eléctrica en esta coyuntura no era de buen recibo en Barranquilla y la Costa por tres razones contundentes: porque una empresa de altas tarifas y mal servicio como Electricaribe sigue operando en desmedro del bienestar ciudadano y la competitividad, por la prepotente actuación de la Creg en el asunto del gas, y por el desprecio del Gobierno Nacional a responder la pregunta que se le ha formulado acerca de la ruta que tomaron los 14 billones de pesos que los usuarios hemos pagado desde la expedición de la Resolución 071 del 3 de octubre de 2006 que creó el ‘Cargo de Confiabilidad’, una especie de ‘impuesto’ que no pasó por el Congreso. Fue un invento de la Creg, donde, como se sabe, la Costa no tiene un representante.
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