Es de Savater, el filósofo español, la frase según la cual en las democracias todos los ciudadanos somos políticos, pero no todos la ejercen de manera profesional. Es la diferencia.
Pero todos estamos obligados a interesarnos en los asuntos públicos – porque nos conciernen –, y a intervenir en éstos. No podemos darles la espalda a tales asuntos y refugiarnos en la apatía y la indiferencia. Muchos ciudadanos creen, erróneamente, que la democracia concluye con el ritual de las elecciones. Y están equivocados. La democracia va y debe ir más allá del voto.
La democracia es un ejercicio de todos los días. Y, desde luego, una democracia donde hay una activa y protagónica participación de los ciudadanos, será una democracia obviamente vibrante, dinámica y con la capacidad de asegurar mejores instituciones y mejores líderes.
Nosotros no estamos en ese nivel de desarrollo democrático. Aún más: estamos bastante lejos, pero hacia allá tenemos que mirar y avanzar, pues una democracia participativa enérgica – como la que visualizaron los constituyentes de 1991 – significará que hemos podido configurar una ciudadanía libre e independiente, capaz de mantener con las instituciones públicas y los políticos una relación basada en el respeto, la confianza y la colaboración. Nada de eso, insistimos, existe hoy.
En Barranquilla, por ejemplo, lo hemos dicho otras veces, afrontamos fragilidad comprobada en la participación y carencia de rigor y argumentación en la deliberación pública. Consciente de eso, la Fundación Protransparencia, en su Plan de Estratégico, se ha trazado como líneas centrales de su accionar la promoción de una ciudadanía activa, para lo cual uno de los instrumentos son las veedurías creadas por la Ley 850 de 2003 con el fin de fomentar la participación.
Estas veedurías, siguiendo el espíritu de la norma, deben tener un horizonte temporal y focalizar su esfuerzo investigativo en un tema específico: no pueden ser aparatos eternos, de fines imprecisos y propósitos extorsivos. Y su objetivo debe apuntar a formular recomendaciones y denuncias ante las autoridades competentes cuando se detecten irregularidades.
En Barranquilla y el Atlántico necesitamos veedurías fuertes, y no pueden verse como una amenaza o un foco de oposición por parte de quienes ejerzan funciones públicas. Por el contrario, hay que estimularlas para avanzar en el fortalecimiento de la sociedad civil.
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