Con esta columna son 20 las que he escrito sobre Electricaribe. Es la primera vez que le dedico tanto espacio a un tema. Lo fastidioso es que no sé cuántas más tendré que escribir, porque en el panorama no se ven soluciones. Por el contrario, cada día las noticias son peores.
El jueves pasado, mientras pensaba qué escribir para hoy, EL HERALDO publicó un informe sobre los incumplimientos de Electricaribe a los compromisos de inversión en el Sistema de Distribución Local, SDL, y, como cosa rara, en la tarde de ese día hubo bloqueos en el suroccidente de Barranquilla. Así que por esta nueva columna, recibiré, seguramente, los insultos de una tuitera que se identifica como Olga Lucía Neira. Lo único higiénico que ha salido de la escatológica escritura de esta señora (o de quien se camufle detrás de ella) es un chiste flojo: dizque yo no duermo, obsesionado con Electricaribe, porque tal vez esta me negó un empleo.
Edgardo Sojo, presidente del Comité Intergremial y gerente del Plan5Caribe, reveló lo siguiente en el informe de este diario: que hasta abril, la inversión de Electricaribe en el SDL alcanzó los $20 mil millones sobre una proyección de $248 mil millones para 2016, lo que quiere decir que la empresa solo ha ejecutado el 8% de lo que le corresponde este año de la inversión de $1.1 billones, como aporte al Plan5Caribe estimado en $5.1 billones. Ya en una carta del 26 de mayo al presidente Santos, David Barguil, a nombre del Partido Conservador, había denunciado que Electricaribe, en 2015, incumpliendo el mencionado plan, invirtió solo $21.318 millones en el SDL de una meta de $131.804 millones, y dijo que en 2016 tampoco se iban a cumplir las metas, como lo corrobora el informe del doctor Sojo. La pregunta es hasta cuándo el Gobierno Nacional va a esperar para tomar una decisión. ¿Qué más tiene que pasar?
Hay que recordar que con Electricaribe no hay contrato de concesión a pesar de que en el momento en que los españoles compraron los activos ya existían las leyes 142 y 143 de 1994. En razón de tal ilicitud, la relación de la empresa con el Estado, por el servicio que presta, está viciada. Electricaribe opera de hecho y su actividad no está definida en el tiempo. A diferencia de Triple A, por ejemplo, que tiene un límite y unas contraprestaciones, aunque exiguas, por el usufructo monopólico de un servicio esencial y estratégico.
Por la magnitud del problema que afecta a más de 10 millones de habitantes de la Costa, el Gobierno Nacional debe, por motivos de interés o utilidad pública, declarar un estado de excepción para intervenir a Electricaribe en todas las formas posibles, de modo que en corto tiempo se readquieran sus activos, se liquide la empresa, se designe un operador provisional y se haga una concesión como lo dispone la ley. Esa es nuestra propuesta.
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