TARIFAS DE ENERGÍA Y EXTORSIÓN: ¡AZOTE BRUTAL!

La extorsión, a la vez, ha puesto en jaque a sectores de la economía. El transporte es uno de sus blancos y el asesinato de conductores hace parte del menú criminal. Este es un delito que se ha sumado a los ya habituales como el homicidio y el hurto, y ha superado la capacidad de respuesta de la Policía y la Justicia Penal. Y en Barranquilla no se ha hecho una investigación sistémica que permita, por ejemplo, cuantificar los daños económicos causados por la extorsión. Urge hacerla.

La Costa Caribe está muy lejos de vivir sabroso. Esta región pletórica de recursos naturales y de un prodigioso temperamento imaginativo ha venido arrastrando un pesado fardo de penalidades históricas sin solución aparente: miseria, pobreza, desempleo, informalidad, politiquería y corrupción. A estas penalidades se han añadido las altas tarifas de energía y la extorsión.

Estas desgracias no las envió Dios para castigarnos. Hay que atribuirlas a una serie de complejas variables encadenadas que explican que no seamos una región  próspera, mejor gobernada y muy segura. Hoy más que nunca resulta irrefutable que el secreto del éxito de la Costa Caribe está en que algún día cuente con instituciones más fuertes.

Las altas tarifas de energía se tornaron en un monstruo grande que pisa fuerte, como dice la canción de Mercedes Sosa. Los usuarios residenciales y empresariales están atrapados en una película de vampiros en la que les succionan la sangre con facturaciones que ni siquiera están justificadas en la excelencia del servicio.

Aquí emerge la cuestión del liderazgo regional. Las decisiones claves adoptadas por el Gobierno central, la Creg y el Congreso, respecto al sector eléctrico, han logrado la arrodillada convalidación de los voceros políticos costeños. Por ejemplo, ¿cómo así que el Gobierno regala a precio de huevo los activos de Electricaribe y miran para otro lado? Enfurece que hayan admitido semejante cosa cuando se trataba de la venta de un activo tan estratégico para la región. El poder central nos perratea.

Desde la Fundación Protransparencia y en varias columnas de EL HERALDO plantee que lo aconsejable era que el Estado recomprara los activos de Electricaribe y asumiera la prestación del servicio, adjudicándolo, vía contrato de concesión, a un operador público, privado o mixto que actuara bajo regulación y rindiera cuentas. Pero este tipo de propuestas jamás tuvieron eco alguno porque lo que les interesaba era entregarles la vaca lechera a unos negociantes que, lo mismo que Electricaribe, actúan como rueda suelta y hacen lo que quieren con los usuarios.

Y no veo que los alcaldes puedan hacer milagros solo con buenas intenciones. Jaime Pumarejo se ha puesto la camiseta en esta dura pelea, pero depende de lo que decidan ahora el Consejo de Estado, el Congreso, el gobierno de Gustavo Petro y la omnipotente Creg.

La extorsión, a la vez, ha puesto en jaque a sectores de la economía. El  transporte es uno de sus blancos y el asesinato de conductores hace parte del menú criminal. Este es un delito que se ha sumado a los ya habituales como el homicidio y el hurto, y ha superado la capacidad de respuesta de la Policía y la Justicia Penal.  Y en Barranquilla no se ha hecho una investigación sistémica que permita, por ejemplo, cuantificar los daños económicos causados por la extorsión. Urge hacerla.

@HoracioBrieva

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