Tras el debate presidencial, Gustavo Petro produjo un escrito titulado ‘Balances y acciones después de elecciones’, donde se pregunta: “¿Por qué el pueblo pobre de la Costa Caribe, a diferencia del más pobre del Pacífico, no votó en masa por la Colombia Humana?”. En su concepto: “La Costa Caribe se dejó subyugar por la corrupción, por eso no ganamos”. El texto de Petro pone en pantalla la gran enfermedad política costeña: la corrupción de los procesos electorales que hace décadas ha venido reproduciendo la baja calidad de los gobiernos locales, de las corporaciones públicas y de la representación en el Congreso.
En el ensayo ‘El liderazgo y el futuro del Caribe colombiano’, Adolfo Meisel Roca lo dice de esta forma: “Uno de los factores que podría estar contribuyendo a la falta de legitimidad nacional de la dirigencia política del Caribe colombiano es la percepción, basada en la realidad o distorsionada, de que se trata de un grupo caracterizado por las prácticas corruptas”. Meisel coincide con quienes proponemos reverdecer el liderazgo costeño, para lo cual estima indispensable: “Elegir buenos alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados…”.
El aquelarre que involucra a Aida Merlano es la nariz del purulento entramado de corrupción que identifica a la política costeña y que, de no erradicarse, hará totalmente imposible el sueño de convertir a la región en un paradigma de participación ciudadana y transparencia electoral.
Frente a los problemas de corrupción electoral regional se requiere, en el mediano y largo plazo, como lo plantea Meisel, “preparar a las nuevas generaciones de profesionales en el liderazgo”, “elevar la calidad académica”, promover “el debate de los grandes temas que afectan a la región y al país”, y fortalecer, añadiría yo, la formación ética desde la primaria hasta la universidad.
Pero, el escenario electoral de 2019 exige acciones inmediatas. El desafío de las fuerzas políticas opuestas a la corrupción es golpear la compra y venta del voto, y ello demanda mucha pedagogía en barrios, colegios, universidades, sindicatos y organizaciones sociales y gremiales. La ciudadanía más joven está llamada a ser la vanguardia, el eje, de la lucha contra el comercio electoral. Un pacto por la transparencia de todos los partidos y movimientos complementaría el esfuerzo.
Las fiscalías seccionales, las procuradurías delegadas, la Policía, la MOE y las veedurías son fundamentales para mermar el flagelo. La Registraduría, así mismo, debe permitir una auditoría especializada al software electoral.
La compra y venta del voto es una lepra y sus llagas afean la imagen moral de los costeños. Es un deshonor. Es lo más depravado que pueda sucederle a una democracia en este siglo. Esta práctica no es un inofensivo pecado venial. Y desterrarla tiene que ser una valiente decisión colectiva.
@HoracioBrieva
