Las razones que justifican la llamada megacárcel en jurisdicción de Candelaria son éstas: nuestras cárceles están superpobladas, funcionan en circunstancias de indignidad y soportan niveles inaceptables de insalubridad, es decir, atropellan los derechos humanos y no sirven para la resocialización; estas cárceles, además, no deben estar en los cascos urbanos.
El hacinamiento desata amotinamientos. El más reciente se produjo en la Cárcel Distrital del Bosque. Y no es una calamidad exclusiva de Barranquilla y Colombia. “El hacinamiento es un problema que hemos dejado envejecer”, dijo el presidente Iván Duque en octubre del año pasado, en un ‘Construyendo País’ de Malambo, luego de escuchar una breve intervención que yo hice sobre la crisis carcelaria en el Distrito Judicial de Barranquilla.
El asunto es planetario y su particular dramatismo en América Latina lo han reportado unos informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos.
Nosotros estábamos en mora de atender seriamente la problemática. Sobre ello, desde 2016, venían recalcando los diagnósticos del Observatorio de Justicia de la Gobernación del Atlántico y Protransparencia, y especialmente lo planteó la propuesta de Plan Quinquenal (2019-2023) para el Sistema Penal Acusatorio que elaboró el año pasado este observatorio.
La cárcel es una institución que produce aversión en la sociedad. Por eso quienes han criticado el proyecto argumentan válidamente que el delito se derrota con más inversión social, pero también se ha venido comprendiendo que hay que producir una mejor infraestructura carcelaria.
La aversión a la que aludo explica también la comprensible resistencia de Candelaria, en cuyo entorno rural quedará el centro penitenciario. Un estudio de impacto económico, social y ambiental de la Gobernación y su socialización pedagógica debe ayudar a persuadir y tranquilizar a esta población. Otra objeción ha insinuado un potencial riesgo inundable del lote escogido. Sin embargo, los expertos han dictaminado que la construcción ahí es viable. El sur del Atlántico todo es vulnerable, pero con ese argumento nadie podría habitar en esta parte del departamento.
En la celeridad que ha tomado el proyecto han incidido el compromiso de la ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello, y la insistencia del gobernador Eduardo Verano, del exsecretario del Interior Guillermo Polo y del actual Jorge Avila. Todos se empeñaron en sacar adelante la ‘marihuana’ de la megacárcel, como se ha vuelto viral decir ahora.
Si en tres años no está en operación la megacárcel, el lote volverá a la Gobernación que ahora lo cede al Inpec. Así lo dispone la Ordenanza que facilitó su compra. Confiemos en que antes de ese plazo esté funcionando. Será el fin del hacinamiento actual, que es la forma más inhumana de pagar una pena.
@HoracioBrieva
