37 IPS aguardan justicia

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Yo decía, en la columna pasada, que una de las prioridades del gobierno del presidente Duque debería ser la salud, dado el colapso que provocó al sistema la Ley 100 de 1993, que terminó desnaturalizando la Constitución de 1991 en su artículo 49, según el cual la “atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”.

Veinticinco años después de la controvertida ley, las EPS, llamadas por algunos el cáncer del sistema de salud, se convirtieron en los verdugos de los hospitales y las clínicas a las que les adeudan billones de pesos. Es evidente que parte de esa plata se esfumó en la corrupción y frente a eso lo prevalente ha sido la impotencia del Estado y, sobre todo, la ausencia de justicia. Las EPS han hecho lo que les ha dado la gana en el país, apadrinadas por el poder político.

En este marco, se explica la acción de 37 IPS de diferentes partes del país, víctimas de siete EPS en liquidación. Como era de esperarse, las IPS emprendieron una demanda ejecutiva contra la Superintendencia de Salud, que es la agencia estatal a la que le compete la inspección, vigilancia y control del sistema de seguridad social en salud. Y por tanto de las EPS, que, aunque obedezcan a una estructura privada, responden al tutelaje del Estado y no pueden funcionar como ruedas sueltas.

En un fallo que los apoderados de las IPS consideran sin antecedentes, el Juez 13 Civil del Circuito del Distrito Judicial de Barranquilla, el 10 de abril pasado, condenó a la Supersalud a pagar a las 37 IPS demandantes cerca de $85 mil millones. Por supuesto, la Supersalud esgrimió el argumento de que el fallo es irregular porque “obliga al Estado a pagar obligaciones que nacen entre particulares”. “El Estado no es garante de esos negocios”, añade la entidad. Por su parte, la Oficina de Defensa Judicial del Estado ha sostenido que se trata de una sentencia “exótica”.

El punto aquí es que las IPS lesionadas siguieron prestando sus servicios, autorizadas por la Supersalud, y ello, según los querellantes, está soportado en las facturas correspondientes. Además, como indicábamos arriba, la salud es un mandato constitucional de cuya obligatoria prestación el Estado no puede desatenderse. Y el Estado lo personifica la Supersalud que ahora pretende escurrir el bulto y ‘escamotearles’ a 37 IPS lo que legítima y obligatoriamente deben pagarles.

Se ha cuestionado la competencia del Juez 13 Civil del Circuito para resolver la controversia contractual en comento que condena a la Supersalud. Los apoderados de las IPS sostienen que un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 26 de abril de este año ratifica la competencia de los jueces civiles para dirimir diferencias contractuales relacionadas con la prestación de servicios de salud.

Habrá que ver qué decide la Sala Civil del Tribunal Superior del Atlántico. Pues es esta la que tiene el mazo definitivo.

@HoracioBrieva

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