No consultaron ni al director de la CRA, Jesús León Insignares, ni a la gobernadora Elsa Noguera, que preside el consejo directivo de la institución. Se los pasaron por la faja, como se dice coloquialmente. Por eso los alcaldes del resto del Atlántico, los trabajadores de la CRA y otros actores, estamos a la espera de que la gobernadora fije una clara y enérgica posición frente al tema. Preocupa su silencio.
Como se sabe, la junta directiva del Área Metropolitana de Barranquilla tomó la decisión de proclamarse como autoridad ambiental sin promover un debate. Alega que las leyes 99 de 1993 y 1625 de 2013 establecen que los municipios, distritos y las áreas metropolitanas, con más de un millón de habitantes, pueden ejercer “dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano”.
El abogado Porfirio Castillo sostiene que el Distrito Especial de Barranquilla, creado por el Acto Legislativo 01 de 1993, por tener rango constitucional, no puede delegar la competencia ambiental en el Área Metropolitana.
Lo que sí puede Barranquilla es liderar la creación de un Distrito Metropolitano (y ampliar en consecuencia sus fronteras y competencias ambientales), pero para ello tiene que haber una consulta popular entre los habitantes de la ciudad y de los municipios circunvecinos al tenor del artículo 35 de la ley 1625 de 2013. Si la consulta por mayoría aprueba la propuesta esto daría paso a un Distrito Metropolitano. ¿Por qué no optan por este camino democrático si de verdad les impulsa un propósito metropolitano? Esa es la ruta. Porque las Áreas Metropolitanas no son entes territoriales sino entidades administrativas con una competencia ambiental secundaria, según Castillo.
Yo he sostenido que aquí la motivación principal es la expansión urbana, un colosal negocio inmobiliario de 16.000 hectáreas. Esta decisión, fríamente calculada, va de la mano de otra: el control del catastro de Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Esta gente es cosa seria. Va por todo.
A la CRA la usaron para que aportara recursos a la canalización de los arroyos y ahora la quieren estrangular presupuestalmente. Según León Insignares, en reconstrucción vial y en la canalización de los siete arroyos más peligrosos de Barranquilla la CRA aportó unos $710.000 millones que se respaldaron con la pignoración, hasta 2035, de los recursos que a la entidad le corresponden por una fracción del impuesto predial del Distrito.
El Atlántico tiene el desafío de una monumental inversión en el rescate de nuestros agonizantes cuerpos de agua para que haya producción de alimentos a gran escala. Si antes la CRA no pudo con esta enorme tarea, ahora menos podrá con los ingresos mutilados. Tendrá la gobernadora que gestionar la mayor parte de los recursos ante el gobierno nacional.
@HoracioBrieva
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