Por: Horacio Brieva Mariano.
Este tema de Electricaribe es más complejo de lo que parece. Por invitación de María Cecilia Donado, gerente de comunicaciones y asuntos públicos, nos reunimos con el gerente general de la empresa, José García Sanleandro. García admitió que no existe un contrato que regule las relaciones entre el Estado y Electricaribe, como lo dijimos en columna anterior, citando al ministro Tomás González. Es decir, cuando el Gobierno vendió las electrificadoras de la Costa a unos privados les entregó los activos, pero no estableció una relación contractual con ellos para delimitar responsabilidades. Tampoco definió los retornos de las inversiones ni los niveles de riesgo.
En teoría, el Estado Social de Derecho que nos rige es el responsable de garantizar la prestación eficiente, oportuna, continua, confiable y segura de un servicio público estratégico y esencial a hogares y establecimientos comerciales e industriales. Y cuando el Estado invierte en cualquier renglón se espera que haya rentabilidad social o económica. Pero si un agente privado es el propietario de los activos para el suministro de energía y su ánimo es el lucro –porque no se trata de una ONG ni de una entidad de caridad–, cualquier inversión del Estado podría estar en los linderos de una ilegalidad, de no mediar contrato.
No basta que el actual Plan Nacional de Desarrollo ordene unas inversiones en expansión de infraestructura eléctrica: es necesario que haya una formalidad contractual que defina claramente los derechos y obligaciones de las partes, donde, por ejemplo, haya distribución solidaria de la rentabilidad en la venta de servicios o se fijen regalías por la operación de estos.
Electricaribe se considera víctima. De un lado, espera que los usuarios públicos y privados le paguen una deuda de $1,5 billones, y, de otro, que la Nación invierta más en infraestructura ante el crecimiento de la demanda regional. Y, apoyada en esto, la empresa explica la crisis. La Nación, ciertamente, tiene la responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio y de compensar, vía subsidios, los consumos informales, pero la inversión del Estado en infraestructura eléctrica debe tener, insistimos, los debidos retornos.
Electricaribe –detrás de la cual está la multinacional Gas Natural Fenosa, con sede en Madrid, España– se queja, en particular, de que algunas entidades públicas le adeudan unos $115 mil millones, pero la retribución a la inversión del Estado, de la que venimos hablando, debería servir para cubrir estos consumos oficiales. ¿Cuánto ha invertido el Estado en infraestructura eléctrica en la Costa y qué ha recibido a cambio? Es como darle a alguien un refrigerador para vender paletas y que luego este ande exigiendo el cobro de un helado.
Gas Natural Fenosa se mantiene en el negocio de Electricaribe gracias a que en Colombia posee también inversiones en el suministro de gas, que es un negocio más pulposo, menos problemático. Y no abandonan la Costa porque estiman que en el largo plazo habrán superado las actuales dificultades. En la próxima columna hablaremos de la cultura del no pago.
@HoracioBrieva
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