Esta vez el nuevo año ha coincidido con la llegada de los nuevos gobernantes territoriales. Muchos gobernadores y alcaldes, entre ellos Eduardo Verano y Alejandro Char, tendrán que combatir a una bestia que no deja a la gente vivir tranquila: la inseguridad. Vienen creciendo la extorsión, el hurto y el homicidio. Ha aumentado el accionar de los grupos que se lucran del crimen e infringen la ley penal. Un factor que amplía y hace más peligroso el accionar delictivo es el tráfico de estupefacientes.
Para enfrentar este tsunami criminal, el Estado cuenta con la Policía, la Fiscalía y la Justicia Penal, y todas estas instituciones son de carácter nacional, pero en el marco de la colaboración armónica deben y pueden concurrir con las gobernaciones y alcaldías en la lucha común contra el delito.
En consecuencia: algo supremamente importante es la coordinación interinstitucional, que en Colombia no suele ser un atributo nacional porque somos un país particularmente difícil para el trabajo en equipo. Sin embargo, hay que insistir en su necesidad porque es clave la respuesta unificada de las instituciones del Estado a cargo de la seguridad.
Esta acción coordinada es indispensable porque, además, los recursos humanos del Estado son insuficientes en términos de policías, fiscales, jueces penales e investigadores, al igual que los recursos físicos y tecnológicos.
En medio de esa escasez no fácilmente superable de recursos, la coordinación permanente debe dar lugar a equipos interinstitucionales especializados para investigar y perseguir cada delito. Es esencial también que la Justicia Penal logre bajar la congestión elevando su eficacia y eficiencia. Y que la Policía se enfoque en los delitos graves y no despilfarre tiempo y recursos persiguiendo chirretes y marihuaneros.
El tema de las cárceles es, asimismo, fundamental. Tenemos un descomunal hacinamiento y la detención domiciliaria no está sujeta a efectivos mecanismos de monitoreo del Inpec. Incomprensiblemente, el gobierno de Gustavo Petro no le jala a la construcción de nuevas cárceles para responder al hecho contundente de que padecemos un régimen penitenciario que no garantiza condiciones dignas a los reclusos y estimula la reproducción del delito.
Un capítulo especial en la agenda de los nuevos gobiernos debe merecer el trabajo con la juventud en alto riesgo de delinquir. En esa franja de la población están las canteras del crimen y el Estado sigue sin hacer todo lo que se requiere. Para un joven sin futuro, traquetear, robar, matar o perderse en el vicio ha terminado convirtiéndose en su proyecto de vida. Terrible. Doloroso. Deprimente.
