A mediados de septiembre, la Alcaldía, la Cámara de Comercio y Protransparencia suscribieron un Convenio-Marco, con vigencia hasta 2019, mediante el cual las tres instituciones aunarán esfuerzos para elevar los niveles de transparencia y mejorar la interacción de la Alcaldía con la ciudadanía a través del diseño, implementación y puesta en marcha de aplicaciones de gobierno abierto, para hacer de Barranquilla una ciudad inteligente, más participativa y más colaborativa. Es una tarea ambiciosa y nada sencilla que implica transformaciones en la Administración Distrital y la ciudadanía, y tres años no serán suficientes para alcanzar ese propósito. Es un logro que este Convenio-Marco se haya concretado después de tres meses de reuniones de trabajo.
Barranquilla viene de una larga transparencia opaca que debemos superar aprovechando todas las ventajas que hoy ofrece la tecnología. La señal positiva es que la Administración Distrital le puso atención al tema en los últimos años y por eso la ciudad pasó en el Índice de Gobierno Abierto, IGA, del puesto 679 al 61 entre 1.101 municipios de Colombia, lo que significa que el Distrito progresó en términos de manejo, disposición y acceso a la información pública, que, como se sabe, es un derecho fundamental de los ciudadanos. Pero una ciudad que se precia aún de ser la cuarta del país no puede declararse contenta con el puesto 61. Tenemos que ir por el primer lugar.
De ahí la importancia de este Convenio-Marco que contó desde un principio con el respaldo de María José Vengoechea, presidenta ejecutiva de Camcomercio, y que empezó a gestarse el 21 de mayo en una reunión que tuve con el alcalde Alejandro Char. En la construcción del Convenio participamos, por la Alcaldía, Ana María Aljure (secretaria general), Eliana Severiche y César Mattos; por Camcomercio, Sandra Camacho, y por Protransparencia, Javier Palacio y yo.
Los gobiernos abiertos son un imperativo de hoy. Son una exigencia de los países que van a la vanguardia de las prácticas de buen gobierno, de los grandes inversionistas que reclaman estabilidad y de nuestra legislación anticorrupción que todavía no pasa del papel a la praxis. Debe quedar claro esto: los gobiernos abiertos no constituyen una garantía absoluta contra la corrupción, porque no es sencillo evitar que los seudoservidores públicos usen el poder con fines cleptocráticos, pero allí donde la información pública fluye, y se sabe cómo se gastan los dineros públicos, cómo se contrata y cómo se hacen las obras, la corrupción tiende a reducirse. Erradicarla, borrarla del mapa de los gobiernos, insisto, no es fácil. Donde hay transparencia, participación y colaboración se le dificulta la operatividad a los corruptos. Entre más gente haya participando, observando y colaborando, se la pondremos más difícil a los ladrones del erario.
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