Usted, alcalde, heredó las malas decisiones sobre la Triple A de los gobiernos del Movimiento Ciudadano, que, oh paradoja, se definían como antineoliberales. Según el Acuerdo 023, el Distrito debió mantener siempre una participación mínima del 85% de las acciones. Quien inauguró la senda privatizadora fue Edgard George. En 1996 convalidó bajar la participación al 50%, y en 1997 al 33%. Bernardo Hoyos, en su segunda alcaldía, mantuvo casi igual la participación. Sin embargo, en 2000, quién sabe por qué motivos, extendió la concesión 20 años más, hasta 2032, habiendo solo transcurrido 7 años del primer contrato, a cambio de recibir las regalías proyectadas hasta 2013. Pésimo negocio para crear un fondo pensional territorial, pues pudo haber pignorado esas regalías con la banca. El Concejo, cosa rara, colaboró en esto. Con Guillermo Hoenigsberg la participación bajó al 15.1% en 2006 y al 14.5% en 2007.
En 2007, el exconcejal Humberto Rojas Bula interpuso una acción de cumplimiento. Exigió respeto al Acuerdo 023 y que Triple A recobrara su condición de empresa de economía mixta con mayoría accionaria del Distrito. El juez administrativo Jorge Eliécer Fandiño Gallo, hoy magistrado, negó las pretensiones y justificó el despojo. Así lo revela un análisis jurídico de Antonio Bohórquez.
Pero de lo que quiero hablarle, alcalde, es de algo que la ciudad ignora. Aurelio Suárez, ingeniero industrial uniandino y panelista de Blu Radio, basado en los estados financieros de la Triple A, con corte a 31 de diciembre de 2015, hizo un estudio con un grupo de economistas y contadores. Encontraron este dato: que la empresa registra unos ‘activos intangibles’ por $320.421 millones por unas supuestas ‘mejoras’ que superan el valor de las acciones de Inassa estimadas en $62.000 millones. Es un dato importantísimo si se llegare a pensar en recobrar el control de la empresa. A quienes consulté creen que estos ‘activos intangibles’ corresponderían al buen nombre, a patentes, a procesos especiales y a conocimientos, pero se preguntan: ¿cómo se expresan esas ‘mejoras’ y quién las valorizó? Pero, supongamos que fuera real el valor de esas ‘mejoras’. Estas –más las acciones de Inassa– totalizarían una cifra inferior a la de, por ejemplo, el proyecto de los arroyos. Así que no sería descabellado pensar en una retoma de la Triple A para corregir sus ineficiencias y disminuir las tarifas. Estas ineficiencias son evidentes: en 2011 las pérdidas de agua no contabilizada estaban en el 60%, y por negarse la empresa a entregar información entre 2005 y 2012 la sancionó la Superservicios con $410.516.000. Y entre 2004 y 2015 la tarifa de la ciudad creció más que la de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Los españoles nos están ordeñando.
Alcalde, pero antes de una eventual retoma, se requiere una auditoría forense. Aquí hay mucha opacidad.
Deja una respuesta