En el discurso de quienes promueven el No en el plebiscito del 2 de octubre hay una persistente diatriba dirigida a bombardear los Acuerdos de Paz, porque, según ellos, legitiman y profundizan la impunidad al dejar sin castigo los distintos delitos cometidos en el desarrollo de la guerra de las Farc-EP contra el Estado.
Hay mucho de exageración y de amnesia en esto. Los acuerdos contemplan que habrá una Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que anuncia restricciones a la libertad de 5 a 8 años a quienes reconozcan de manera temprana su responsabilidad en los delitos más graves, a la vez que se vislumbra una entendible amnistía a la tropa guerrillera, lo que significa una anulación de los antecedentes penales a los desmovilizados. Es parte de las concesiones legales que otorgará el Estado con la condición de que no haya repetición. La amnistía es una figura jurídica como el principio de oportunidad que suspende y extingue, igualmente, la acción penal.
Ahora, ¿por qué una sociedad puede tomar la decisión de dejar sin castigo unos delitos o de suavizar las penas frente a estos? Por una motivación superior de interés público como la paz. Es decir, por la conquista de la paz se pueden hacer concesiones a fin de minimizar la conflictividad social y maximizar los niveles de convivencia. Además, la paz es la mejor apuesta que pueda hacer una sociedad, pues a más armonía, mayores serán las posibilidades de crecimiento económico y bienestar colectivo.
Tampoco debe olvidarse esto: Colombia es un país de altísima impunidad, antes y después de que pusiéramos en práctica el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA. Y aunque en la Constitución del 91 decidimos que tendríamos un Estado Social de Derecho, este, 25 años después, no ha logrado resolver la conflictividad social, que ha sido la causa generadora de un monstruo de múltiples caras, como la violencia política, la criminalidad y la delincuencia, frente a las cuales ha resultado impotente un sistema penal desbordado por las dificultades de acceso, la congestión, el atraso y la impunidad.
No nos echemos mentiras: la impunidad no arreciará con las favorabilidades jurídicas otorgadas a las Farc. Más bien, a partir de ahora y en la perspectiva del largo posconflicto que se avecina, apliquémonos a hacer realidad el Estado Social de Derecho y hagamos de Colombia una sociedad próspera, equitativa y democrática. Así se reducirá la impunidad y sacaremos al Estado del libreto reactivo y repetitivo de estar incrementando sus capacidades punitivas contra los delitos, mientras estos continúan creciendo inexorablemente. Necesitamos un Estado más rápido y eficaz en la atención de las demandas de la sociedad para que no tenga que gastar tantos recursos y energías en una Justicia que no ha podido vencer la impunidad. Y derrotarla será improbable de no primar la justicia social.
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