Cuando yo ingresé a Protransparencia, en 2004, el alumbrado público fue la primera investigación que hice y se publicó en EL HERALDO con el título ‘La ciudad de las altas tarifas’. Se lo colocó el director Juan B. Fernández Renowitzky. En ese momento fue el trabajo periodístico más completo sobre el tema.
A finales de este año, termina la concesión del impuesto al alumbrado público, IAP, con la empresa Diselecsa. Fue, en 1996, una iniciativa privatizadora del exalcalde Egdard George con el argumento de que Barranquilla se convertiría en una especie de ‘ciudad luz’. El tiempo se encargó de probar que esa concesión no convenía a los intereses de la ciudad. El servicio de alumbrado público no cambió y su agravada carencia disparó la inseguridad en vastos sectores barriales. La delincuencia capitalizó la oscuridad para incrementar sus operaciones.
El negocio fue bueno, pero fundamentalmente para Diselecsa. Unas cifras que entregó Jaime Pumarejo en 2008 –a la sazón asesor en competitividad y concesiones del alcalde Alejandro Char– lo corroboran. Entre 1996 y julio de 2008 se recaudaron por el IAP unos $282.000 millones, de los cuales unos $135.000 millones (el 48%) ingresaron a las cuentas de Diselecsa por dos conceptos: por el mantenimiento de las luminarias y por el interés anual del 52,6% de los $14.000 millones de la inversión inicial. En ese mismo lapso, la ciudad pagó en energía eléctrica por el funcionamiento del alumbrado público unos $48.000 millones, equivalentes al 17% del recaudo.
La ciudad ha cancelado religiosamente las altas tarifas del IAP, pero no ha recibido el óptimo servicio que merece una urbe en expansión. Vamos a ver si esto cambia a partir de ahora con la creación de la anunciada empresa de economía mixta por acciones que se encargará de la prestación del servicio. Creo que esta nueva empresa se habrá justificado si su primera decisión es introducir a Barranquilla en la onda amigable con el ambiente. Esto significa que el alumbrado público debería tomarse como una oportunidad para avanzar hacia una ciudad más sostenible. Pienso, por tanto, que debemos agendar seriamente la implementación del alumbrado público solar. La idea es que se usen las grandes innovaciones de la tecnología, aprovechando nuestra potente oferta solar. Ello debería expresarse en una reducción de las tarifas del IAP para aliviar el bolsillo de los ciudadanos y la caja de los empresarios.
El cambio de la iluminación urbana tradicional por las luminarias solares lo han hecho muchas ciudades y es una forma ecológicamente concreta de optimizar la calidad del ambiente. Una clara ventaja de esta alternativa es que se reducen los costos de mantenimiento. A Diselecsa la ciudad le ha pagado muchísimo dinero. Asimismo, a Electricaribe. No podemos repetir la historia. Barranquilla no lo perdonaría políticamente.
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