En la cumbre energética del jueves 14, realizada en la Gobernación del Atlántico, nada les pasó ni a Electricaribe ni a la Chevron: son más poderosas que el Estado.
Quedaron evidenciadas las críticas de Protransparencia: a Electricaribe no la controla nadie por la ausencia de contrato de concesión; el Gobierno le inyecta recursos a la infraestructura energética y la empresa los usufructúa sin compensar en nada a la región; las resoluciones de la Creg benefician a Electricaribe bajo la tesis de que se trata de una empresa eficiente, y la pasividad de la Superservicios permite los abusos de posición dominante contra los usuarios.
Se propuso capitalizar la deuda de $ 400 mil millones de los usuarios subnormales, cosa que no creemos acepten los dueños de Electricaribe porque seguramente van a decir que ellos están recuperando los costos de un servicio ya prestado. Ahora Electricaribe engorda más el pavo diciendo que la deuda total por fraude e impagos se acerca a los $2 billones, para justificar la no inversión. Electricaribe se escuda en el argumento del ‘no pago’ para no hacer inversiones, mientras su propietaria, Gas Natural, sí invierte en otros negocios a nivel internacional. ¿Cuál ultimátum, entonces? Los rateros y malas pagas somos nosotros. Ellos son honorables. Pero, ¿quién les audita sus cuentas? Por algo los sacaron de Guatemala.
Desconocemos si la cumbre consideró que las inversiones del Gobierno –como la de $3 billones del Plan5Caribe y todas las anteriores– se conviertan en acciones estatales en Electricaribe. ¿Son un regalo a la empresa? Al no existir mecanismo que formalice las inversiones públicas como capitalización en Electricaribe, ¿seguiremos asistiendo a un prevaricato de tracto sucesivo? Y la Fiscalía no mira para allá.
En el tema Chevron se evidenciaron la debilidad del Estado frente a las multinacionales y la escasa incidencia de la regulación sobre áreas estratégicas por dar prioridad al mercado, lo que genera dependencia y facilita abusos de posición dominante. El presidente Santos dijo, con relación a la negativa de la Chevron a aceptar el reajuste tarifario del gas, que “vamos a ver si efectivamente el contrato con Chevron permite que un cambio de regulación obligue a Chevron”. Es decir, que desde principios de diciembre de 2015, cuando la multinacional no se acogió al cambio regulatorio expedido por la Creg, hasta ahora, pasado un mes, todavía el Gobierno no ha designado a nadie para que haga el estudio de dicho contrato. De ese tamaño es la importancia que la monarquía santafereña le da a la Costa. ¿Tocará esperar acaso el resultado de una visita del Presidente, o la ministra de Industria y Comercio, al presidente de la Chevron en Estados Unidos para suplicarle que adopte la reforma regulatoria establecida en la fórmula del precio del gas?
Y en defensa de la venta de Isagén, el presidente dijo, tomando como ejemplo el pragmatismo de los líderes chinos que sucedieron a Mao, que no importa si el gato es blanco o negro, con tal de que cace ratones. Pero omitió decir que los chinos sí tienen el control de los renglones estratégicos de su economía.
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