Los nuevos mandatarios costeños esperan que el Gobierno Nacional haga algo para mejorar la prestación del servicio de energía. Fue el Gobierno Nacional el que creó el problema en que estamos enterrados. La Costa, de hecho, está técnicamente en un apagón que sigue causando grandes pérdidas.
El gobierno de Ernesto Samper entregó en 1998 a multinacionales de Estados Unidos y Venezuela la prestación del servicio en la región, sin mediar contrato de concesión alguno, en otra demostración más del colonialismo interiorano que aplasta la institucionalidad territorial, y estas multinacionales vendieron a otra, el grupo Unión Fenosa, el cual opera en la Costa bajo el nombre de Electricaribe.
El Gobierno Nacional pasó por encima de las normas –con el silencio y la sumisión de la dirigencia barranquillera y costeña– porque la comercialización de la energía, según el artículo 57 de la Ley 143 de 1994, es competencia contractual de los municipios, así como a los departamentos les corresponde la distribución regional. A la Nación, de acuerdo con la norma, le compete la concesión en materia de generación y transmisión nacional. O sea, el Gobierno Nacional le impuso a la región un mal operador, que no ha hecho inversiones significativas y le ha descargado esta responsabilidad a la Nación, que ha trasladado esos costos a los usuarios vía tarifa.
Para colmo, estamos siendo testigos, en estos periodos de sequía, de otro atropello por parte del colonialismo interiorano por cuanto nos pretende imponer ahora la carga de asumir las actuales pérdidas en la operación energética, desconociendo las millonadas pagadas por los usuarios en las facturas mensuales bajo la figura del ‘cargo por confiabilidad’, una especie de seguro cuyo papel es, precisamente, garantizar la continuidad del servicio en tiempos difíciles.
Es hora de que los departamentos, municipios y distritos hagan valer la competencia que les brinda el artículo 55 de la Ley Eléctrica, el cual les permite, usando la figura del contrato de concesión, confiar la prestación del servicio de energía a una persona jurídica privada o pública o a una empresa mixta capaz de asumir la prestación del servicio por su cuenta y riesgo, bajo la vigilancia y el control de la entidad concedente, tarea en la cual también deben y pueden coincidir el ministerio de Minas y Energía y la Superservicios.
La ventaja de que haya contratos de concesión con otros operadores (y en Colombia los hay, verbigracia Codensa, EPM de Medellín) es que el concesionario se tendría que sujetar a unas disposiciones legales, a unas reglas y a metas de cumplimiento. Hoy eso no es posible con Electricaribe, que, como he dicho en otras oportunidades, es una rueda suelta. Pero la crisis no se reduce a Electricaribe. Con la devaluación de la moneda, el valor del precio de la energía en bolsa, el aumento del precio del gas y el uso indebido del ‘cargo por confiabilidad’, que han coincidido con la alta incidencia del cambio climático, toda la cadena energética se muestra en aprietos y pretende que sean los usuarios los que cubran sus pérdidas.
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