En 1991, Barranquilla tomó la decisión de crear la Triple A. Ya no resistíamos la inmundicia de las EPM que se tradujo en robos y pésima administración. Bebíamos agua de mala calidad y padecimos bajas coberturas, al punto que un amplio sector de la ciudad se surtía con carro-tanques. La creación de la Triple A, más la ayuda decisiva del Gobierno nacional en materia de inversiones en infraestructura, cambió el panorama. Poco a poco comenzamos a salir de la crisis que había comenzado a gestarse desde los años 60.
La Triple A se convirtió en una mina de oro y por tanto en un atractivo filón para los inversionistas internacionales. Los interesados fueron los españoles que llegaron de la mano del alcalde Edgar George, torciéndole el pescuezo al Acuerdo 023 al modificar la mayoría accionaria del Distrito en la empresa. Era una restricción clarísima de ese Acuerdo y fue violentada. Por ese boquete, la Triple A empezó a hacer tránsito hacia la privatización con mayoría española y unos pocos pero influyentes inversionistas criollos. La ciudad solo conservó el 14,5%. Y algunos dicen que en realidad tiene menos del 13%.
La Triple A genera grandes remanentes en razón a las altas tarifas que pagamos los usuarios, especialmente de Barranquilla. Eso activó las papilas gustativas de varios ejecutivos españoles, ligados al gobernante Partido Popular, quienes en complicidad con una rosquilla local, de la cual hace parte el señor Ramón Navarro, pusieron en marcha un complejo entramado de enriquecimiento ilícito.
La tumbada ha sido gigantesca. Navarro, que entiendo tenía un sueldo de unos 40 millones de pesos mensuales, más un bono anual de 200 millones, no tenía, en teoría, la necesidad de enriquecerse ilícitamente, pero se prestó para esa operación. Por codicia, por presiones o por lo que sea. Pero se prestó. Y le han dado –por ahora– la mansión por cárcel, mientras que hay gente que por mucho menos o por nada ha pagado o está pagando ‘cana’. La ley del embudo.
El procurador Fernando Carrillo ha dicho que este país ha transitado de los carteles de la droga a los carteles de la corrupción. Nada más cierto. Esto prueba el desplome ético que ha sufrido Colombia y del cual no es claro cuándo saldremos. Él calcula que a través de un contrato chimbo entre Triple A e Inassa, de una facturación falsa y de un manejo inescrupuloso de los subsidios, a la empresa le drenaron unos $334.000 millones (más de 100 millones de dólares). Pese a ese desangre, la Triple A sigue en pie porque es un magnífico negocio que produce una caja rebosante. Pero es probable que la empresa afronte problemas de confianza con los bancos.
Esto pasó en las barbas de varios alcaldes. Le propongo a Alejandro Char que se constituya en parte civil en representación de la ciudad. ¿Va a permitir el alcalde más popular del país que este robo quede impune?
@HoracioBrieva
