Lo que quiero decir con el título de esta columna es que la seguridad es un problema muy complejo. No es suficiente, por tanto, enfrentarlo con las herramientas tecnológicas.
En Colombia, y particularmente en Barranquilla, hemos tenido también la equivocada tendencia a creer que los delitos que más afectan a los ciudadanos, como el hurto, se combaten con el incremento de policías, motos y camionetas.
Por ejemplo, frente al microtráfico no basta tampoco un plan policial de demolición de las ‘casas de vicio’. Seguramente para la imagen del alcalde y para una figuración destacada en las encuestas es aconsejable una impactante fotografía de primera página tumbando con un martillo los expendios de estupefacientes, pero no es lo único que corresponde hacer.
En Barranquilla y el Atlántico es indispensable un abordaje integral de la seguridad.
¿Cuáles son los principales delitos que ocurren en Barranquilla y el Atlántico? ¿Qué factores los producen? ¿Cómo se deben combatir esas conductas? ¿Qué ganaríamos con un mejor clima de seguridad?
El hurto, en todas sus modalidades, es, de lejos, el delito de mayor incidencia en el mapa departamental y distrital de la criminalidad. E involucra, especialmente, a quienes la vida solo les ha ofrecido pobreza y ausencia de oportunidades.
¿Qué hacer? Aligerar, sin duda, los esfuerzos de crecimiento económico, de generación de empleo y de más y mejor educación para evitar que tantos jóvenes ingresen a los batallones del delito. Desde luego, todo esto no se hace con un trazo mágico en un cuatrienio. Barranquilla y el Atlántico están en esa dinámica, pero falta muchísimo porque los procesos de desarrollo toman tiempo.
La otra estrategia clave para debilitar el delito es un sistema penal fuerte. Eso significa que toda la cadena (policías, fiscales, investigadores, jueces, medicina legal y sistema carcelario) debe ser sólida y contundente en su accionar. Y ahí tenemos una peligrosísima flaqueza. El Atlántico (hablo del Distrito Judicial de Barranquilla) requiere de más jueces, fiscales, investigadores, cupos carcelarios, infraestructura, dotaciones logísticas y de una coordinación efectiva en la lucha contra la delincuencia y los aparatos criminales.
Todas estas insuficiencias deben y pueden superarse en el marco de una convergencia de voluntades donde el aporte territorial es esencial, pero el nacional es determinante, pues es decisivo lo que hagan el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda.
¿Cuándo comenzaremos a tratar la seguridad de manera coordinada y sistemática para que las respuestas no sigan siendo reactivas y parciales? Es hora de que los congresistas del Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera, el alcalde Jaime Pumarejo, los gremios económicos y la academia le dediquen específica atención a este fundamental tema.
@HoracioBrieva
