Corrupción: el ‘coronavirus’ de la democracia

Son muchos y reiterativamente apabullantes los hechos escandalosos que han conducido a la democracia colombiana a un crítico cuadro clínico. Un ejemplo es este último escabroso capítulo de la ‘Ñeñepolítica’ por una probable compra de votos en La Guajira en la segunda vuelta presidencial de 2018. Se agrega al novelón tragicómico de Aida Merlano, también ligado a una trama pestilente de comercio electoral ilícito. Algo que, desde luego, no es novedoso en esta cloaca que es la política nacional desde que  convirtieron los calendarios electorales en un prostibulario intercambio de favores y al Estado en un botín que se pelean como piratas hambrientos. Asqueado de todo esto, Álvaro Gómez  propuso, en los convulsos años 90 del ‘Proceso 8000’, “tumbar el régimen”. Y lo terminaron acribillando cobardemente.

Sin embargo, aquí no pasa nada. A lo largo de nuestra aberrante historia clientelista la única condenada ha sido Aida Merlano. De un nutrido nido de roedores electorales, ella es la única que a manera de trofeo ha sido exhibida por la justicia, la que también mutó en un componente funcional del “régimen de complicidades” que Gómez fustigó en el trecho final de su carrera pública. Grandes magistrados y grandes jueces ha dado esta rama vital del poder público. Pero ha producido, asimismo, el ‘cartel de la toga’, una red criminal promovida desde las altas cortes que se dedicó a la infame práctica de conceder fallos absolutorios a delincuentes a cambio de dinero.

En eso hemos terminado. En este inmoral desastre.  Eso es hoy esta democracia: la meca del ‘coronavirus’ de la corrupción. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? La desconfianza en las instituciones, y en particular en las autoridades judiciales llamadas a simbolizar la rectitud. El sueño de Platón.

Barranquilla ocupa un obsceno lugar en este teatro de indecencia. En esta ciudad se originó el fenómeno de Aida Merlano. En esta ciudad manufacturaron este espécimen de la politiquería: de bonita niña pobre evolucionó a engreída emperatriz  de la compra de votos.

Y, ahora, a esto ha venido a sumarse el lastimoso manto de duda que ha caído sobre exmagistrados y magistrados de la sala penal del Tribunal Superior del Atlántico, en torno a quienes no debería haber ninguna sospecha por la alta responsabilidad que el Estado ha depositado en sus manos.

Entristece, en un departamento donde el Sistema Penal Acusatorio se encuentra colapsado, que, de contera, los responsables de juzgar los procesos penales más importantes acaben investigados por conductas que podrían configurarse como delitos.

Es un escenario que genera un ruido desagradable. Complica más la imagen de la justicia penal e incrementa la debilidad de la confianza que los ciudadanos tienen en sus jueces.

Parafraseando la Biblia: la justicia es la sal de la democracia y si se corrompe se corromperá la democracia.

@HoracioBrieva

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