Por : Horacio Brieva M.
En diciembre de este año, la ciudad se liberará de los grilletes de la Ley 550, que le permitió acogerse desde 2002 a un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. Fue tal vez la noticia más importante que dio la alcaldesa Elsa Noguera durante su rendición de cuentas. Es como si a Barranquilla le dieran de alta después de un tratamiento de 13 años continuos y como si hubiese recuperado la plenitud de la salud fiscal.
Ahora viene el reto más difícil: no caer de nuevo en el desafortunado manejo que tuvieron las finanzas públicas locales y que justificaron el forzoso acogimiento a ese Acuerdo, mediante el cual el Gobierno Distrital logró la tregua necesaria para ponerse a salvo de tutelas y demandas y pagar por fases a los acreedores laborales, contractuales y financieros.
El Acuerdo de Pasivos es parte de la historia reciente de Barranquilla y no es por un azar que estamos a punto de salir de éste, antes del horizonte de tiempo previsto: a partir de la terminación unilateral del contrato con Métodos y Sistemas, la ciudad pudo incrementar sus ingresos de forma considerable –hasta ese momento el recaudo era vegetativo, casi cero–, y empezaron a ser posibles, para el Distrito, tres cosas esenciales: cumplir con el Acuerdo, sostener el gasto de funcionamiento y obtener del Ministerio de Hacienda y de una calificadora de riesgos el aval para acceder a nuevos créditos en virtud de la capacidad de pago lograda.
Si la administración de Alejandro Char no rompe con Métodos y Sistemas, habríamos seguido incumpliendo los términos del Acuerdo de Pasivos, como ocurrió en las administraciones de Guillermo Hoenigsberg y Humberto Caiafa. Hay que reconocerle el mérito a Char. Sin sectarismo. Otra importante decisión de él fue haber logrado –en la modificación del Acuerdo en 2008– una rebaja de la tasa de interés de los bancos.
No podemos olvidar la historia. A finales de 2000, el Distrito atravesaba una grave crisis financiera: la bebida amarga de todos los días eran los embargos por el no pago de las obligaciones contractuales y la cesación de los pagos de los gastos de funcionamiento de la administración central y los entes descentralizados. Ya en 1996 el informe Montenegro había vaticinado la crisis, pero los gobiernos del Movimiento Ciudadano hicieron caso omiso a las alertas prendidas y endeudaron a la ciudad haciéndola inviable financieramente.
Elegido Humberto Caiafa en el 2000, en una reunión del equipo financiero de la campaña, Augusto García propuso el acogimiento a dicha ley. Una vez posesionado el nuevo alcalde se inició la tarea de buscar la admisión al proceso de reestructuración que no estuvo exento de escollos hasta que el Acuerdo quedó en firme el 27 de diciembre de 2002.
El gran negocio de la 550, obviamente, lo hicieron los bancos: hasta 2014, nada más en intereses, se les habían pagado unos $246 mil millones. La lección es que los futuros gobiernos distritales deberán manejar el endeudamiento de manera prudente y gastar la plata con eficiencia y transparencia, priorizando siempre en los retos fundamentales de Barranquilla, empezando por el desarrollo humano.
@HoracioBrieva
Deja una respuesta