LA CONGESTIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA

1. Demanda global y trámite general de procesos 2019-2024

El comportamiento de la demanda total por el servicio de justicia penal (noticias criminales) en el Distrito Judicial de Barranquilla entre 2019 y 2024 evidencia un crecimiento sostenido y significativo, pasando de 206.897 casos en 2019 a 428.435 en 2024, lo que representa un incremento acumulado del 107% en el periodo analizado. Este comportamiento revela una presión creciente sobre el sistema penal acusatorio con la duplicación del volumen de casos en tan solo seis años.

Este constante aumento de las noticias criminales genera una presión tal en el sistema penal acusatorio que, mientras en 2019 se lograba evacuar el 17% del inventario de procesos, en 2024 se llegó a un mínimo histórico del 5,5% y el inventario final pasó del 83% al 94,5% del total de procesos. Ello también se puede ver en la tasa de evacuación parcial y la tasa de evacuación total. La primera pasó del 55% en 2019 al 27% y la segunda del 17% a sólo el 5%, lo cual quiere decir que el 95% del inventario de procesos no logran ser evacuados.

Estos datos revelan un desequilibrio creciente entre la demanda (noticias criminales) y el trámite de procesos lo cual hace concluir que existe un fenómeno de congestión estructural debido a una continua y cada vez mayor acumulación de procesos penales, lo cual genera una disminución en la capacidad resolutiva asociada al aumento de la demanda judicial, limitaciones operativas o cargas excesivas en los despachos.

Esta situación crítica implica que casi el 80% de la capacidad instalada del sistema se encuentra teóricamente hipotecada a procesos que no encontraron resolución en años previos. Este escenario de saturación preexistente condiciona severamente la capacidad de respuesta inmediata, pues los nuevos procesos ingresan a un sistema ya desbordado, donde la energía institucional se diluye en la gestión de un inventario masivo que dificulta la celeridad y la descongestión efectiva.

2. Dinámica del sistema penal acusatorio (SPA) en 2024

En el año 2024 el SPA concluyó sólo el 5,5% de procesos (23.513 casos) de la demanda total del sistema (428.435 casos). De esa mínima cantidad de procesos concluidos el 82,3% (19.360 casos) fueron archivados por la Fiscalía, un 14,3% (3.361 casos) terminaron en una sentencia y finalmente un 3,4% (792) concluyeron por otras causas.

Desde la perspectiva de la política criminal, que solo el 5,5% de los procesos logren ser concluidos revela una brecha crítica en la funcionalidad del sistema. Este bajo índice de resolución no solo erosiona la percepción ciudadana de justicia, sino que confirma un estado de colapso operativo donde el sistema apenas logra gestionar una cantidad marginal de procesos, mientras el grueso de la demanda permanece estancado, por lo que se puede afirmar que la justicia penal no está siendo una respuesta sistémica a la conflictividad social y en especial a la problemática de violencia.

Si nos enfocamos en ese alto porcentaje de los procesos concluidos por la causal de archivo, vemos que la gran mayoría (11.966 casos o el 61,8% de los procesos archivados) se dan porque la Fiscalía no logró establecer la identidad de la persona responsable del delito, lo cual muestra que, aunque el ilícito ocurrió, el Estado no cuenta con la suficiente capacidad investigativa para perseguirlo, demostrando un gran problema de impunidad.

En términos de política criminal, la gran mayoría de los archivos se deben a dificultades en la identificación de los responsables, lo que impide que el proceso avance hacia la acusación o juicio. Esto desnaturaliza el archivo, pasando de ser un mecanismo de depuración procesal a una clara evidencia de la debilidad investigativa y, por consiguiente, en una falla crítica de la función de persecución penal.

Esta situación empeora cuando se revisan los procesos que llegan a etapa de juicio, pues el 71,2% de las sentencias se dan por preclusión (terminación del proceso decretada por el juez a petición de la fiscalía por falta de pruebas). Es decir, aun identificado el presunto autor del delito, la Fiscalía no logra reunir la evidencia suficiente para llevar el juicio hasta un fallo sobre el fondo del asunto.

Al comparar el inventario inicial (340.854) con el final (404.292), se evidencia un crecimiento neto de 63.438 casos en un solo año. Esto significa que por cada 10 casos que ingresaron al sistema en 2024, el aparato judicial fue incapaz de resolver 7 de ellos, los cuales pasaron a engrosar permanentemente el inventario. El sistema está perdiendo la batalla contra la congestión a un ritmo de más del 70% de sus ingresos anuales.

3. Trámite de Audiencias

El volumen de audiencias programadas alcanzó su máximo histórico en 2024 con 22.771 diligencias, reflejando una presión sin precedentes sobre el aparato judicial penal. Para 2024, el 52% (11.934) de las audiencias programadas no fue realizada, lo que implica que más de la mitad de los esfuerzos de agendamiento resultaron fallidos.

De esas audiencias fallidas, el 45% (5.349) no se realizaron por inasistencia del Fiscal, un 31% (3.741) por falta del juez y un 13% (1.604) por la no comparecencia del defensor público. Es decir, el 98% de las audiencias fallidas corresponden al Estado, lo cual conlleva consecuencias como:

• Deterioro de la celeridad: se vulnera el derecho de las partes a una justicia pronta.
• Riesgo de impunidad: la parálisis del sistema fomenta el vencimiento de términos y la prescripción de la acción penal, socavando la confianza ciudadana.

La situación puede deberse al aumento en la demanda de justicia, pues en 2024 se presentó un máximo en las audiencias programadas, lo que refleja un esfuerzo por descongestionar procesos acumulados que podría estar sobrepasando la capacidad de respuesta de jueces y fiscales.

Algo importante de resaltar es que mientras en las faltas de jueces y fiscales la principal razón argumentada es la de “cruce de agendas”, en los defensores públicos el 70% (1.260) corresponde a “caso fortuito”. Ello sugiere la necesidad urgente de una reorganización de las cargas de trabajo y del agendamiento en la Fiscalía y los Despachos Judiciales y la revisión institucional de la situación en la Defensoría, que podría deberse a la forma de asignación de los procesos según la etapa procesal.

4. Oferta de funcionarios

La oferta de funcionarios del Distrito judicial de Barranquilla, en comparación con otros distritos judiciales importantes de Colombia (Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena), se caracteriza por ocupar una posición medio-baja en términos absolutos y una de las más bajas en términos per cápita, de lo que se infiere el aumento significativo de la congestión procesal.

El Distrito Judicial de Barranquilla cuenta con 67 juzgados penales, situándose en el cuarto lugar de los cinco distritos analizados, superando únicamente a Cartagena (46) y estando muy por debajo de Medellín (127), Cali (84) y Bucaramanga (75). En términos de capacidad relativa, Barranquilla tiene una tasa de 2,37 jueces por cada 100.000 habitantes, que es la segunda tasa más baja de la comparativa, solo por encima de Cartagena (2,03), y es notablemente inferior a la de Bucaramanga, que lidera con 3,93, con una carga promedio de 1.310 procesos.

A nivel de fiscales, la dirección seccional cuenta con 156 fiscales, lo que arroja una tasa por 100.000 habitantes de 5,5, lo que lo sitúa por debajo de Cali (11,4) y Bucaramanga (10,9), pero por encima de Medellín (4,4).

Los fiscales en el Distrito Judicial enfrentan una presión extrema. En 2024, cada fiscal tuvo una carga promedio de 2.746 procesos, aunque la capacidad real de respuesta permitió tramitar exitosamente solo un promedio de 135 procesos por funcionario.

El número de defensores públicos se situó en 167, con una tasa por 100.000 habitantes de 5,9.

Esto implica que cada juez y fiscal en Barranquilla debe atender a una población mucho mayor que sus pares en Bucaramanga o Cali, aumentando el riesgo de demoras procesales que llevan a la congestión, el vencimiento de términos y la afectación de la calidad de la justicia.

Si bien ha habido un esfuerzo para aumentar el número de funcionarios, su incremento ha sido insuficiente para compensar la congestión procesal preexistente. Así, el desafío en el sistema judicial penal de Barranquilla no es solo el número absoluto de funcionarios, sino la carga promedio de casos por cada uno y su tasa por 100.000 habitantes, pues existe una doble vulnerabilidad debido a lo bajo de estos dos indicadores.

5. Capacidad máxima de respuesta

Fuente: Calculo del autor con datos C. Sup. J. UDAE, 2023.

6. Recomendaciones

• Reforma integral a la política criminal del Estado orientada a darle prioridad a la lucha contra las bandas criminales.
• Fortalecimiento de la investigación criminal: urge fortalecer las capacidades de policía judicial para la identificación de sujetos activos, atacando directamente la causal que genera el 61,8% de los archivos.
• Expansión de la justicia restaurativa: incentivar el uso de la conciliación y el principio de oportunidad como filtros de salida temprana para evitar el desgaste de recursos en causas de menor impacto social.
• Protocolo de “Filtro”: implementar un modelo que identifique casos destinados a la preclusión desde las etapas iniciales, evitando que procesos sin posibilidad de éxito consuman recursos judiciales y pérdida de tiempo institucional.
• Descongestión: crear juzgados provisionales que ayuden a reducir la carga acumulada, con el fin de revertir la inercia de crecimiento del inventario y garantizar una justicia pronta y efectiva.
• Aumento de presupuesto: elaborar entre la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, un proyecto de ley de presupuesto específico del sector destinado a aumentar personal, número de despachos, inversión en infraestructura y tecnología para acercar la oferta con la demanda de justicia.
• Fortalecimiento de la gestión: mejora de procesos institucionales en fiscalía y juzgados penales por medio de: 1) Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente (SIGCMA) de los juzgados y Sistema de Gestión de la Calidad de la Fiscalía, 2) Implementación de “Buenas prácticas” de otros distritos judiciales con mejor capacidad de resolución.
• Mejora de la conectividad: realizar inversiones en conectividad entre centros de detención y los despachos judiciales y entre estos y las cabeceras del distrito judicial para garantizar la comparecencia de las partes a las audiencias.
• Implementación de tecnología: creación de software que evite el cruce de agendas entre juzgados, fiscalía y defensoría pública para reducir el fracaso de las audiencias por esta razón.
• Cárcel para sindicados: los entes territoriales, en conjunto, deben priorizar la construcción de una cárcel con capacidad mínima de 3.000 cupos individuales que puede contratarse por medio de APP.
• Centro de detención transitoria: construcción de un centro de detención transitoria como medida de choque para reducir el hacinamiento actual.
• Política carcelaria: los entes territoriales deben crear una política pública carcelaria conjunta a largo plazo.
• Auditorías en celebración de audiencias: se requiere un programa de auditoría sobre la asistencia de los defensores públicos a las audiencias.