Creo, como el exconstituyente, exministro y exgobernador Eduardo Verano, que Colombia necesita, en el siglo XXI, un federalismo moderno que, por supuesto, no sería un regreso a los conflictos entre los Estados Soberanos y el régimen presidencial que produjeron ruinosas guerras justificadoras del Estado centralista de la Constitución nuñista-carista de 1886, en la cual la descentralización administrativa fue una limosna que nunca garantizó un autónomo desarrollo regional.
La Constitución de 1991, de inspiración municipalista, concedió fortalezas al poder local que en 1988 creció con la elección popular de los alcaldes. Igualmente, esta Carta Política incorporó las figuras de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y las Regiones Entidades Territoriales (RET), bajo la premisa de que la autonomía regional es un instrumento esencial para el fortalecimiento de la democracia territorial.
En un nuevo contexto histórico, civilizado, maduro, Colombia tiene que demostrar que el poder presidencial y el federalismo pueden cohabitar sin las despiadadas batallas del pasado.
Pero, mientras llegamos a allá hay que avanzar. Por ejemplo, hay que vigorizar la RAP, formalizada por fin este año con posterioridad a otras, a pesar de que la Región Caribe ha sido vanguardia en las exigencias de autonomía.
Bajo la dirección del exministro Amylkar Acosta, la RAP Caribe tiene un reto: ganar cuerpo institucional con equipos expertos, unir a los departamentos costeños en torno a una visión compartida y a unos proyectos estratégicos que superen los particularismos departamentales, y elevar el nivel de interlocución regional frente al poder presidencial.
También las gobernaciones costeñas tienen un desafío: promover el robustecimiento del aparato económico y las capacidades institucionales de los municipios.
Nada más en el Atlántico estamos frente a esta cruda realidad: el PIB departamental se concentra básicamente en Barranquilla y Soledad y en la mayoría de municipios pareciera que no hubiese economía lo que explica su pobreza y atraso. Y exactamente 19 municipios están en categoría sexta lo que traduce que solo viven del Sistema General de Participaciones (SGP).
La gestión de la gobernadora Elsa Noguera en agricultura y turismo seguramente dará sus frutos más adelante con la elevación del PIB municipal, pero el próximo mandatario debe potenciar ese proceso. Éste tiene, asimismo, que convencer a los nuevos alcaldes de que sus municipios no pueden seguir siendo manejados como tiendecitas de pueblo. El desarrollo institucional, por tanto, es una prioridad inaplazable. Hay mucha experiencia en esta materia.
