Finalizando 2016, dos sucesos han molestado muchísimo a los colombianos: el nuevo salario mínimo que devengarán unos 2,2 millones de trabajadores, fijado en $737.717, y la aprobación de la Reforma Tributaria por el Congreso de la República que incrementa los impuestos, descollando entre ellos el IVA que pasó del 16% al 19%.
Una oleada de furia se ha dirigido contra el Congreso que aprobó la Reforma Tributaria con el voto mayoritario de las bancadas afines al Gobierno Nacional, y en medio de las voces contrarias del Polo, la Alianza Verde y del Centro Democrático, uniéndolos en particular el rechazo al reajuste del IVA, aunque, como se ha recordado, bajo la presidencia de Álvaro Uribe el impuesto a los consumidores pasó del 8% al 16%.
Los colombianos consideran todo esto una injusticia. Consideran que imponerles más impuestos, en un país donde se roban la plata, es un atraco. Consideran inadmisible que el salario mínimo mensual de un trabajador equivalga a lo que un congresista recibe diariamente multiplicado por unos 38 días. Que no es lo único que reciben los parlamentarios cuando deciden colocarse bajo la sombra protectora del Gobierno. Obtienen también jugosos contratos con los cuales acrecientan su patrimonio personal y financian sus compradas reelecciones.
Los colombianos perciben que estos radicales contrastes en los ingresos de los congresistas y los trabajadores estimulan más la inequidad en uno de los países más desiguales del mundo, y que la mayoría de los políticos no trabaja por el bienestar general sino para sus bolsillos. Y una de las formas de golpearlos y debilitarlos ha encarnado en la iniciativa ciudadana, avalada por la Registraduría, de someter a referendo la propuesta de reducirles el sueldo. Algunos miembros del Congreso habían agenciado esta recomendación, pero, como era de esperarse, no tuvieron éxito.
No será fácil, sin embargo, que la iniciativa prospere porque ya sabemos las talanqueras que se le ha impuesto en Colombia a la participación ciudadana. Primero tiene que asegurar un millón 900 mil firmas en seis meses, y si la Registraduría las aprueba el proyecto va luego al Congreso y finalmente a la Corte Constitucional para que esta determine si se ajusta a la ley. Solo si la iniciativa pasa estos filtros se podrá preguntarles a los colombianos si aprueban a desaprueban que se les rebaje el sueldo a los congresistas.
No hay que hacer un gran esfuerzo mental para saber que si ese referendo se hace los colombianos votarán de manera abrumadora por una disminución del sueldo de los senadores y representantes. Desde luego, esto no es lo único que debe hacerse para cambiar la manera de hacer política en Colombia, pero sería un buen comienzo. Podría ser el inicio de un proceso dirigido a derrotar la corrupción en la política, que es el cáncer de nuestra enferma democracia.
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