Barranquilla, cuya imagen ha mejorado en los últimos años al punto de que algunos la han proclamado la Capital del TLC, en materia de transparencia electoral no avanza y ha sido de nuevo protagonista de un vergonzoso episodio. Como por arte de magia, en la fase de los escrutinios les aparecieron votos a unos candidatos que el domingo 25 de octubre se daban por derrotados. Para que esto ocurra tiene que haber una red de complicidades que haga posible las adulteraciones y, claro está, dinero de por medio. Esto no es nuevo, y confirma lo tramposo que es nuestro sistema electoral. De ahí la legendaria frase de que ‘quien escruta elige’ y la eterna desconfianza en la Registraduría. En nuestro medio más de uno se ha elegido a punta de ‘cangurazos’ o de ‘saltos triples’, como se dice ahora en referencia a las habilidades estilo Caterine Ibargüen que parecen tener varios candidatos.
Es la consecuencia de tener un sistema electoral obsoleto que no ofrece garantías a todos los competidores. Y todo parecería nacer en unos partidos anárquicos en los que no se advierten sujeciones a unos mínimos éticos, que terminaron corrompiendo los escrutinios con el ejercicio de la tramoya. Es un espectáculo feo y premoderno que en lugar de atraer a los ciudadanos a las urnas los aleja, desprestigia más la política y refuerza la percepción de que se trata de una actividad propia de hampones.
La alteración de resultados electorales es algo ligado a la historia política del país, ha desencadenado episodios tensionantes y posteriores justificaciones de levantamientos armados. De modo que lo nuevo en este caso no es el escándalo. Es la mayor resonancia que ha tenido, pero lo importante es que no se imponga la trampa.
Es lamentable que esto siga sucediendo. Y en la perspectiva del acuerdo para el fin del conflicto armado que se construye en La Habana, un escenario de participación política que no guarde correspondencia con un sistema electoral serio y confiable sería un gran riesgo para la paz y la estabilidad política. Tras la desmovilización del M-19, el EPL, el PRT y el grupo indígena Quintín Lame, la trampa electoral continuó persistiendo e incluso se asoció después con el poder intimidatorio del paramilitarismo, que impuso gobernadores, alcaldes, diputados y concejales en algunas regiones.
El país no puede seguir a merced de este sistema electoral, pues ha sido un factor de violencia y bajo su perverso manto se ha instalado una clase política sin escrúpulos que ha usado el poder para todo menos para servir al bien común, como lo ordena la Constitución.
Un cambio en el régimen electoral es una reclamación de este país para ser una democracia moderna y ejemplar: y eso implica partidos organizados, coherentes y éticamente responsables; listas cerradas para evitar el canibalismo al interior de estos, como está ocurriendo; instrumentos como el voto electrónico, tal vez también como el voto obligatorio, y financiamiento estatal de las campañas electorales, entre otras decisiones inaplazables. Solo una democracia así podrá merecer legitimidad, es decir, la confianza de los ciudadanos.
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