El voto decide la configuración del poder en una democracia. Ese sonsonete lo vengo oyendo desde que tengo uso de razón política. Gracias al voto se es presidente, gobernador, alcalde, senador, representante, diputado y concejal. Pero cuando el voto se negocia por un billete de $50 mil o por otra limosna, el poder que surge de ahí es indigno, y de quienes lo ejercen no puede esperarse ni honestidad ni transparencia. Cabe esperar que asalten los dineros públicos para darse la gran vida, ellos y su familia, y para seguir comprándoles el voto a quienes lo venden.
A esta farsa la seguimos llamando democracia. ¿Cómo podemos jactarnos de tenerla si las elecciones son un repulsivo escenario de compra y venta de conciencia?
A esta realidad no escapa el Atlántico, que ocupa los primeros lugares en corrupción electoral. La MOE, dirigida en esta seccional por el economista y profesor universitario Diógenes Rosero Durango, ha confirmado que en el Departamento continuamos en las mismas prácticas incorregibles del zorro roba-gallinas: el voto comprado y la trashumancia de votantes a los municipios donde el censo electoral supera insólitamente a la población. Lo mismo de siempre. Y, también como siempre, nada pasa. O sí pasa: el ejercicio del poder se consolida en manos de quienes tienen la tula. El voto comprado sigue mandando a la hora de definir el poder político. ¿Y saben qué es lo más decepcionante? La alcahuetería reinante frente a esta obscenidad. Frente a este delito. Frente a esta aberración, donde los actores no solo son los políticos tramposos, sino miles de pseudociudadanos que se regalan por una migaja y contribuyen a que el poder de la corrupción sea cada vez más fuerte y en apariencia indestructible.
En contextos perversos como estos, es normal que se engendren especímenes como el que denuncia la MOE y que en el mundillo de la transacción del voto han dado en llamar el ‘taquillero mayor’, asociándolo sarcásticamente al ‘Gavilán Mayor’, el capo marimbero cantado por Diomedes Díaz. El ‘Gavilán Mayor’ era el rey en el espacio: el ‘taquillero mayor’ es el rey de la compra del voto, y entre los gavilanes de la política departamental es el que lleva, dicen, la corona. O sea, la pluma marrón.
La MOE ha dicho que va a dar el nombre de este. ¡Excelente! Hay que dar también el de todos los políticos que compran votos y que tienen el descaro de batir seriedad, como si no fuera vox pópuli lo que hacen. Ponerlos en la picota pública, sin misericordia, es una tarea necesaria.
Pero estamos requiriendo algo más drástico en este país: que el delito electoral sea un componente de la política criminal y que contra este se apliquen penas severísimas. Porque no es de cualquier cosa de la que estamos hablando. La apropiación del poder político por medio de la compra del voto, para robarse el Estado, revienta la democracia, destroza su legitimidad, y también es crimen organizado, como el de los narcos. Cuando el voto no es limpio, consciente y libre, la democracia es una porquería. Y seguirá en manos de gente como el ‘taquillero mayor’. O de gavilanes peores.
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