Por: Horacio Brieva M.
En el debate sobre Electricaribe es importante y necesario subrayar esto: el Estado, ante la ausencia de contrato con la empresa, no recibe compensaciones de ningún tipo ni puede hacerle exigencias. Por eso, toda la inversión en infraestructura eléctrica debería correr por cuenta del operador privado, dueño de todos los activos y del negocio. Pero si llegara a mediar alguna forma de contrato entre las partes, el Estado sí podría exigir el cumplimiento de metas o lograr remuneraciones para sus inversiones, como descuentos especiales en tarifas para hospitales, escuelas y demás; también podría disminuir sus subsidios al Fondo de Energía Social, Foes.
Las regulaciones del Estado al mercado eléctrico son pocas y parciales: la Creg se limita a establecer los criterios, las variables y la estructura de la fórmula tarifaria. La Superservicios se enfoca en las relaciones entre usuarios y operadores. Protransparencia demostró que la Superservicios, en lo relativo a Electricaribe, evadió responder el sentido y la cantidad de los fallos definitivos por cuenta de quejas y reclamos. Nuestra percepción es que la entidad trabaja para Electricaribe.
Ahora sí hablemos de la cultura del no pago. El gerente general de Electricaribe, José García Sanleandro, nos dijo que desde que Gas Natural Fenosa compró la empresa, en el 2000, no se han pagado dividendos, y que en 2014 las pérdidas fueron de $78 mil millones. Además, arrastra una cartera de $1,5 billones compuesta de deudas del Estado por cuenta de subsidios y consumos de establecimientos públicos, y de la morosidad de usuarios. A esta cartera deben agregarse las pérdidas por fraude en los consumos. El fraude no tiene estrato. En el no pago de parte de los usuarios pueden darse varios factores: el insuficiente poder adquisitivo de los hogares, ante lo cual los consumidores priorizan qué pagar o no; la decisión de evadir el pago como comportamiento cultural, a lo que se suma la facilidad de conectarse al sistema, algo que no es sencillo hacer con el agua, mucho menos con el gas, así como la renuencia de numerosos usuarios a pagar en respuesta a un servicio que consideran ineficiente.
Se queja Electricaribe por el no pago en sectores no normalizados que operan con totalizadores de consumo. Allí ocurre una cosa macondiana: a todos les toca pagar sumas iguales, sin importar que un hogar solo tenga un abanico Sanyo o que una tienda posea dos potentes refrigeradores. Sin embargo, cuando se caen en el pago y la empresa intenta cortar el servicio al tendero, la comunidad se solidariza con este ya que es quien la beneficia con el ‘credimarlboro’. Si existiera contrato de la empresa con el Estado, este no podría evadir la obligación de ayudar a normalizar, aumentando así la eficiencia y garantizando la continuidad del servicio. Bajo estas condiciones, se motivaría la corresponsabilidad de los usuarios por la calidad y oportunidad del suministro de energía. La gente pagaría con gusto.
Finalmente, va esta, al mejor estilo de Condorito: Electricaribe afirma que en promedio el sistema se cae, por año, solo unas 30 horas. ¡Plop!
@HoracioBrieva
