Al momento de escribir esta columna no se sabe si el presidente Santos desistirá de vender a Isagén o si mantendrá su venta a la única multinacional que ha quedado en la subasta, que ya no es tal.
Esta venta ha polarizado al país como quizá nunca antes había ocurrido con un activo estratégico de la Nación. El argumento para vender Isagén por $6,5 billones es que dicha plata servirá para avanzar en la modernización de la infraestructura. Sin embargo, el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga sostiene que el fondo de la decisión del Gobierno es tapar el hueco fiscal y que al país se le está mintiendo. Ayer, a juzgar por las declaraciones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la venta parecía ser un hecho.
La resistencia de los partidos políticos a la negociación ha sido casi unánime. No solo están en desacuerdo los de la Unidad Nacional, sino el Polo Democrático, la Alianza Verde y el Centro Democrático. También el Procurador ha mostrado sus reparos bajo la consideración de que la venta podría representar un detrimento a la Nación. En el caso de los partidos, no me parece que la única motivación del rechazo sea que se perdería el control de un activo estratégico. Creo que en el tema también concursa el hecho de que la plata de Isagén potenciaría la aspiración presidencial del vicepresidente Germán Vargas Lleras. De hecho, Cambio Radical es el único partido que respalda la venta.
Se ha dicho que si no se vendiera Isagén el país tardaría unos 60 años en obtener los $6,5 billones que se requieren para financiar el plan de las dobles calzadas y otras obras vitales de infraestructura. Hace unos años se calculaba que la corrupción nos quitaba anualmente a los colombianos unos $4 billones. Si esa corrupción se taponara, los recursos alcanzarían para financiar la infraestructura nacional, cuya modernización, dice el Gobierno, depende hoy, en parte, de la venta de Isagén. Porque el sector financiero no quiere arriesgarse a prestar la plata. Es el Estado el que tiene que ponerla.
En las redes sociales he visto una andanada de mensajes invitando a un Paro Nacional el domingo 24 de enero. Se exige acabar la corrupción, detener la cascada de impuestos y reducir drásticamente el tamaño del Congreso. Suena interesante esta reacción desde la sociedad civil. Expresa la molestia del país frente al robo continuado de los dineros públicos, que es lo que explica porque la plata escasea a la hora de los grandes proyectos de inversión del Estado.
El Gobierno actual prometió atacar la corrupción, como el anterior de Uribe, pero la verdad es que el país no avanza en el mejoramiento de los indicadores en este tema. Así lo han revelado los informes de Transparencia Internacional. La corrupción en Colombia, como se ha dicho tantas veces por distintas voces, es más letal que la violencia de la guerrilla y las bacrim. A los colombianos, contra el derroche descarado de los recursos públicos, nos ha faltado una reacción más enérgica. Tomarse las calles es un buen comienzo. Ojalá el anunciado Paro Nacional del 24 de enero logre ser un éxito.
