Pues sí: tiene mucha razón el presidente Santos cuando, a propósito de la postergación del desarme de las Farc por 20 días más, dice: “No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida”.
Además, como el mismo mandatario lo destacó en su alocución del lunes festivo, hay avances innegables en este proceso. Las Farc no han vuelto a disparar un tiro más, han respetado el cese al fuego definitivo, sus 7.000 guerrilleros han sido debidamente censados y se han acantonado de manera transitoria en 26 zonas veredales. Al mismo tiempo, en el marco de la implementación del nuevo Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá, las mayorías del Congreso de la República han aprobado 3 reformas constitucionales (entre ellas la que crea el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición), y están en curso 4. Se han expedido 3 leyes y están en estudio 4. El presidente asegura que se ha cumplido con el 80 por ciento de las normas que darán seguridad jurídica a las Farc en el proceso de desarme y reincorporación a la vida civil. También se han expedido más de 30 decretos-leyes, entre los cuales asoma por su importancia el que crea un Fondo de Tierras que debe proveer de 3 millones de hectáreas a 800.000 familias campesinas que no tienen dónde cultivar. Está claro, asimismo, que el fallo de la Corte Constitucional sobre el fast track no le prohibió al Congreso tomar la decisión de votar los proyectos en bloque.
De modo que pese a todo el dramatismo que ha tenido el proceso de negociación con las Farc, el desarme de esta organización guerrillera es un hecho irreversible. Y como dice León Valencia: tendrán chance en la vida política si promueven una alternativa pluralista que levante la bandera de la reconciliación, en lugar de crear un sectario ghetto de corte marxista-leninista.
Por lo demás, el tema de los incumplimientos logísticos del Estado no debe sorprendernos. El nuestro es un Estado profuso en la producción de normas, pero paquidérmico a la hora de ejecutar. Ahí están los ejemplos del Chocó, Buenaventura, La Guajira y de tantas partes olvidadas del país.
No hay mejor muestra de incumplimiento que la Constitución de 1991. Según esta, somos un Estado Social de Derecho. Sin embargo, lo real, 26 años después de promulgada la Carta, es el enorme abismo existente entre lo que dice el texto constitucional y la situación de la mayoría de los colombianos en materia de derechos. Somos un país excelente en belleza normativa, pero poco operativo en el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Por eso, como decía en la columna pasada, tiene que haber un cambio total en el funcionamiento del Estado. Este Leviatán lento, parsimonioso, muchas veces descoordinado, tiene que dar paso a un Estado capaz de generar respuestas rápidas y eficientes. El posconflicto es una oportunidad para hacer ese tránsito.
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