A propósito de mi columna “¿Qué hacer con Electricaribe?”, el colega Tadeo Martínez me dice en Facebook que la Costa debería hacer una inversión estratégica en energías alternativas con las regalías de los próximos 10 años, y emanciparse así de las altas tarifas de Electricaribe en las que influyen los elevados precios de la energía que venden los generadores hidráulicos y térmicos. La glosa de Tadeo me hizo recordar el trabajo que hice, en 1989, para una revista del Programa Especial de Energía de la Costa Atlántica (Pesenca), una alianza colombo-alemana de la que hicieron parte Corelca, el ICA y la GTZ. Dirigía a Pesenca el economista alemán Horst Finck.
Con el equipo técnico y periodístico de Pesenca recorrí la Costa y conocí las soluciones energéticas que iba plantando el proyecto: por ejemplo, en Palmor, un corregimiento de Ciénaga, habitado por gente interiorana, de clima templado y dedicado al café, se construyó una microcentral hidroeléctrica con los diseños y la orientación de unos ingenieros alemanes. En otros lugares se instalaron paneles solares y biodigestores de gas metano a partir de excremento bovino y porcino. El mérito de Pesenca fue mostrarnos que el futuro era la energía renovable proveniente del sol, el viento, el mar, la materia orgánica, etc. Pero los gobernantes y políticos de la región, como ha sido habitual en ellos, estaban en otra vaina.
Han pasado unos 25 años y varios países avanzaron en energía alternativa, mientras Colombia continúa dependiendo de la energía convencional. Apenas en 2014 fue sancionada la Ley de Energías Limpias, la 1715, cuya reglamentación está pendiente. El Gobierno ha tardado en hacerlo. César Lorduy dice que el retraso es culpa de los nefastos técnicos de la Creg, que ni renuncian ni se van. ¿Se oponen a la reglamentación porque se les acabaría la beneficiosa ‘lechería’ de la energía convencional?
A Tadeo le decía que mientras se masifica la energía renovable, tenemos que resolver el problemón de Electricaribe, cuyos activos, he propuesto, deberían recomprarse en un esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional y una asociación de los departamentos, municipios y distritos costeños. Hagan una vaca. Luego, a la luz del artículo 57 de la Ley 143, puede convocarse una licitación y escogerse un nuevo operador que se sujete, ese sí, a un contrato de concesión de acuerdo con el artículo 58 de la ley mencionada.
Lo otro es la quejadera sin final contra Electricaribe, pedirle que se vaya –cosa que no hará por sí misma–, a la vez que se le siguen haciendo inversiones estatales para que mejore su rentabilidad, que se le llena de subsidios y se le autorizan más alzas tarifarias.
No más cumbres sin soluciones de fondo. Ni más cartas lloriconas al presidente. Los gobernadores y alcaldes costeños deberían tomar la decisión de una vez por todas. Usen la Ley 143.
