POR: HORACIO BRIEVA
Vanessa Saldarriaga, en su estupendo informe del lunes sobre Salamanca, escribió: “Los sectores pretendidos por las dos últimas empresas están cerca a zonas que han resultado afectadas, en los últimos meses, por 3 quemas forestales”. Se refiere a la Sociedad Portuaria El Torno y la Sociedad Portuaria Caribean Port que, junto a la Sociedad Royal Port, han solicitado concesiones portuarias ante Cormagdalena.
Lo que dice la reportera no constituye una prueba. Es un indicio, en el lenguaje del Derecho, y uno creería que merece una investigación de la unidad de la Fiscalía dedicada a temas ambientales. Dañar recursos naturales es un delito tipificado en el artículo 331 del Código Penal, y es castigado con cárcel y multas.
El indicio lo confirman los mapas digitales divulgados: los incendios han ocurrido en terrenos cercanos al borde fluvial – donde les interesa a los inversionistas portuarios – y no en la profundidad del bosque. Nadie – sin pruebas – puede acusarlos, repito, de las quemas, pero hay una trabazón de hechos sospechosos que ningún investigador criminal podría dejar de lado.
Hay algo que no logro entender: la mudez de Cormagdalena, durante estos meses de quemas sistemáticas. Conozco a Augusto García, su inteligencia, perspicacia, sus dotes políticas y de hombre de Estado, al punto que lo esperaba como uno de los nuevos ministros del presidente Santos, y por eso no comprendo que no notara cierta relación misteriosa entre los incendios y las solicitudes. Y no se trata de que saliera a acusar temerariamente a las empresas, pero sí a mostrar la coincidencia. Sería bueno que nos explicara su mutismo. ¿Estaba muy atareado en la licitación billonaria del río Magdalena?
Lo otro que dice el informe de la periodista de EL HERALDO, es esto: cuando Eduardo Verano fue ministro de Ambiente, realinderó, recategorizó y amplió el área protegida de Salamanca, mediante la Resolución 0472 del 8 de junio de 1998, pero – contradictoriamente – sustrajo una parte del parque donde funciona la Sociedad Portuaria de Palermo y la Sociedad Portuaria Sodintec, a la cual le renovaron la concesión hasta el 2042.
En 1998, el Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta – del cual hace parte Salamanca -, fue declarado sitio Ramsar por el Decreto 224 del 2 de febrero de ese año, en desarrollo de la Ley 357 de 1997 que acogió el Convenio Ramsar, suscrito en la ciudad iraní del mismo nombre en 1971, el cual entró en vigencia en 1975, y al adoptarlo Colombia se comprometió con la protección de un área de importancia ecológica para la humanidad.
Lo de Salamanca es parte de la compleja realidad de las riquezas naturales nacionales asediadas por diversos actores, entre ellos los armados ilegales. Lo relevante es que en torno a la Isla en peligro se han comenzado a desvanecer – aparentemente – las densas cortinas de humo que no han permitido construir unas hipótesis claras sobre las motivaciones de las quemas. ¿Nos vamos acercando a la verdad sobre las razones de las gigantescas humaredas que acabaron con la paciencia de la ciudad?
