Estoy de acuerdo en que Puerto Colombia aspire a ser “el mejor lugar para vivir” como lo proclama su PBOT 2017. Con lo que no estamos de acuerdo es con una reciente frase del alcalde de ese costero municipio vecino, don Plinio Cedeño, quien declaró a Puerto Colombia como “territorio independiente”, donde no permitirá intromisiones del Gobierno nacional ni de nadie, al referirse a los reparos que se le han hecho al proyecto Ciudad Mallorquín del Grupo Argos.
Pese a lo que piense y diga don Plinio, Puerto Colombia sí tiene que responder por sus actuaciones. Por ejemplo, en Ciudad Mallorquín, en contravía de lo que indica técnicamente el PBOT, fueron autorizadas alturas superiores a 3 pisos para viviendas VIS en edificios multifamiliares. Hay que examinar los planes parciales y las licencias urbanísticas que permitieron eso. De esto hablaré con mayor extensión en las próximas columnas.
El PBOT de Puerto Colombia planteó impulsar “planes y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario VIP y Vivienda de Interés Social VIS”, y para ello se habilitaron espacios al lado del casco histórico, pero en el suelo de conurbación con Barranquilla la vivienda VIS quedó limitada en alturas y en Ciudad Mallorquín se están construyendo altos edificios para ese tipo de vivienda.
Don Plinio debe entender, a la luz del ordenamiento jurídico de la administración pública colombiana, que Puerto Colombia evidentemente goza de autonomía, como todos los entes territoriales, pero eso no le confiere a ese municipio atlanticense la condición de república independiente. Estamos, señor alcalde, en un Estado de Derecho.
Bajo el extravagante ropaje de “territorio independiente”, Puerto Colombia también santificó planes parciales y licencias urbanísticas para desarrollos inmobiliarios sin contar con disponibilidad de servicios públicos. Es importante saber con base en qué esta municipalidad otorgó dichas disponibilidades en acueducto y alcantarillado que permitieron la viabilidad de Ciudad Mallorquín. Sin cumplir condiciones fundamentales en servicios públicos es puro discurso que Puerto Colombia se transforme en un “modelo territorial” exitoso.
Don Plinio ve el debate sobre Ciudad Mallorquín como una amenaza a la facturación por impuesto predial que incrementará las finanzas del municipio. Y los cuestionamientos urbanísticos y ambientales al proyecto los percibe como un acto de intrusión en su territorio municipal. Este es un debate absolutamente pertinente y hay que seguir profundizándolo. Don Plinio debe comprender que Puerto Colombia no se rige por una juridicidad particular. No es una autarquía.
