La honestidad en Colombia es un peligro

Lo que asombra del caso Odebrecht en este país no es que hayan repartido sobornos a políticos y funcionarios para obtener contratos de megaobras. Sobornos que ensancharon los patrimonios de los favorecidos y financiaron campañas políticas nacionales y locales.

No creo que debamos sorprendernos porque esas prácticas han sido emblemáticas en otras multinacionales a la hora de lograr grandes contrataciones, con los consiguientes daños reputacionales para las mismas cuando han sido sometidas a severas judicializaciones.

Recordemos el caso Siemens. El gigante alemán gastó unos 420 millones de euros en sobornos y el escándalo fue de tal proporción telúrica que llegó a decirse: “Si el fundador Manfred Siemens pudiera ver la situación en que se encuentra su empresa se revolvería en su tumba”.

Por estos escándalos, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), considerada un club de países para las buenas prácticas, ha invitado a las multinacionales a ejercer “una conducta responsable en el contexto de su internacionalización o inversión exterior”. Desde luego, tales sugerencias las multinacionales pueden acatarlas éticamente o pasárselas por el forro. Como lo hizo Odebrecht.

Lo que sí abochorna (y ahí Colombia descuella vergonzosamente) es que en otros países ha habido consecuencias judiciales que superan en drasticidad a las que se han visto aquí. Pues aparte del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, el resto de los encartados son figuras menores del establecimiento. Y hasta se sospecha de que a Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, lo enredaron siendo inocente, como querían enredar a Jorge Enrique Pizano con testigos falsos.

Hasta ahora no han freído un solo pez gigante a sabiendas de que algunos poderosos están sucios con los sobornos de la multinacional brasileña.

Hay dos razones básicas que explican esta maloliente impunidad: la artritis del aparato judicial, especialmente de la jurisdicción penal que acusa problemas de todo orden, y la inconsistencia ética del país que ha legitimado la tolerancia frente al enriquecimiento ilícito, volviéndola endémica. Lo grave es que con frecuencia el mal ejemplo viene de las elites.

En este entramado complejo y riesgoso –¡obvio!– era muy difícil que prosperaran las denuncias de Pizano. Este país no premia la honestidad. Colombia no es la república moral por la que lucharon Jorge Eliécer Gaitán y Álvaro Gómez en el tramo final de su carrera pública. En Colombia, demográficamente, los buenos son mayoría (aunque tengo un amigo burlón que sostiene lo contrario: dice que en este país “abunda el hp por metro cuadrado”). Lo real es que son los malos quienes tienen la sartén por el mango y sus intereses están por encima de la Constitución, de las leyes y de la ética pública. ¡Qué tristeza de país!

@HoracioBrieva

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