El jueves pasado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció en un encuentro con empresarios, promovido por Probarranquilla y la Cámara de Comercio, que el 7 de marzo habrá una audiencia en la Corte Constitucional en la que el Gobierno nacional presentará sus argumentos en favor de la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de hojas de coca, que, según los datos oficiales, pasaron de 48.000 hectáreas a más de 200.000 en el periodo del expresidente Santos. “No me gusta decir que se trata de un mar de coca para no estigmatizar el mar”, dijo Botero en tono jocoso.
La Corte Constitucional ha puesto varias condiciones para el uso del glifosato. Que haya consultas previas a las comunidades étnicas. Que haya evidencia científica que pruebe que no habrá daño a la salud y al ambiente. Que haya regulación de parte de un organismo competente. Y que haya monitoreos y alertas sobre los riesgos del herbicida.
Botero sostiene que “la fumigación produce un daño menor a los cultivos”. Por supuesto, no es partidario de la erradicación manual. Pues, según él, tiene el peligro de que en las áreas de siembra hay minas quiebrapatas, lo que ha dejado un saldo de muertos y mutilados.
El Gobierno nacional tendría que cumplir las condiciones señaladas. Significa que el glifosato podría usarse en zonas donde existen comunidades étnicas, pero si hay consulta previa. Además, tendría que demostrar que no habrá afectaciones humanas y ambientales, y garantizar la regulación y los monitoreos correspondientes.
El glifosato contra los cultivos ilícitos es un requerimiento del gobierno de los Estados Unidos. En Colombia se utiliza desde 1972 en varios cultivos tradicionales. Las posturas frente a sus efectos están divididas. Están quienes dicen que es perjudicial y quienes plantean que no. El glifosato lo producen muchas empresas del mundo y contra una multinacional hubo incluso una demanda por las consecuencias cancerígenas del tóxico. Se cree que este herbicida es el más usado en el planeta.
Colombia es el mayor productor de cocaína, un lucrativo negocio y un ingrediente decisivo del crimen y la violencia. Frente al tema de los cultivos de la hoja de coca la jurisprudencia de la Corte Constitucional convoca a respetar los ritos ancestrales con la hoja en las comunidades indígenas, por lo que a título de la lucha contra el narcotráfico no debe haber una política de arrasamiento. En resumen: las aspersiones aéreas tendrían que ser territorialmente selectivas y consultadas.
Fumigar puede resultar políticamente impactante y hasta efectivo, pero el reto es seguir avanzando en la sustitución de los cultivos ilícitos. Que implica cambiar, voluntariamente, la vocación de los campesinos cocaleros. Es una tarea más lenta, pero es lo que permitirá llevar la paz y el desarrollo al agro. El glifosato jamás acabará con la resiembra.
@HoracioBrieva
