En un país que ha venido marcando muy mal en el índice de percepción de Transparencia Internacional sobre corrupción, y que atraviesa por su peor momento moral a consecuencia del escándalo de Odebrecht, llama la atención algo que dijo Sergio Fajardo en la entrevista de hace unos días a Marco Schwartz, el director de EL HERALDO. Destacó que Antioquia, durante su periodo de gobernador, ocupó el primer lugar en el Índice de Gobierno Abierto, IGA, que mide la Procuraduría General de la Nación. En efecto, en el periodo 2014-2015, Antioquia fue primer lugar en gobierno abierto, aunque en el periodo 2015-2016, con el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, bajó al segundo lugar, siendo superada por el Meta.
Así habla un político de avanzada y de esos necesitamos muchos en este país donde abundan los políticos que se entusiasman fundamentalmente con las elecciones fraudulentas y los negocios jugosos alrededor de los contratos de obras que se realizan con los impuestos que pagamos los contribuyentes. Fajardo parece ser un político de otro tipo, de los que se pueden contar en Colombia con los dedos de la mano. No lo conozco. Nunca lo he tratado, pero tengo esa percepción de él.
Reivindicar que su departamento fue primer lugar en IGA, durante su administración, revela que estamos ante un político que entiende perfectamente que el gobierno abierto es el paradigma a seguir, pues es el llamado a garantizar, en una sociedad democrática, el ejercicio de una nueva forma de gestión estatal, capaz de vincular a las decisiones públicas fundamentales a más actores, con quienes el gobierno debe y puede compartir ideas y responsabilidades.
El gobierno abierto tiene tres columnas básicas: 1) la transparencia, que implica información completa, oportuna, veraz y fácil de entender para que los ciudadanos hagan control social y político, y los empresarios puedan tomar mejores decisiones de inversión; 2) la participación, que entraña ceder espacios para que la gente opine, sugiera e incida, y 3) la colaboración, que es el escenario en el que los actores institucionales, sociales, académicos y empresariales trabajan conjuntamente en el análisis, diseño y evaluación de las políticas públicas y en la co-creación de soluciones a los problemas complejos de la administración pública, ya sea a través de innovaciones tecnológicas o de estrategias de intervención.
El gobierno abierto requiere que se inviertan o gestionen los recursos necesarios en su arquitectura tecnológica y comunicacional, y eso solo es posible si hay voluntad política.
Invertir en gobierno abierto, así como en cultura ciudadana y en protección ambiental, es tan importante como la inversión en infraestructura y en las coberturas de educación y salud, porque también aportan a la sostenibilidad de un territorio. Necesitamos que este enfoque oriente la gestión pública en el Atlántico y Barranquilla.
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