Ha habido muchas críticas a la forma como el Esmad ha respondido a los ciudadanos del Chocó y Buenaventura y a los profesores de Fecode. ¿Así es como en Colombia vamos a tratar los conflictos sociales en la era del pos-acuerdo?
Es bueno recordar que este país viene de los tiempos del Estado de Sitio eterno y del Estatuto de Seguridad, todos ellos instrumentos de alto contenido represivo, correspondientes a una época en que el Estado, pretextando la amenaza de la insurgencia armada, se dotó de esas drásticas armas jurídicas para limitar las libertades públicas. Algo avanzamos, sin duda, con la Constitución de 1991 al establecer que el Estado de Conmoción Interior, por alteraciones del orden público, estaría sujeto a la revisión de la Corte Constitucional y a límites temporales. Es decir, se le pusieron ciertos diques al autoritarismo presidencial, que en Colombia ha tenido visos, según algunos, de monarquía constitucional.
Pero, un país que está logrando superar los peligros de la subversión armada, tiene, creo, que plantearse un tratamiento distinto a los conflictos entre ciudadanía y Estado, motivados por el inconformismo ante la incapacidad de éste para resolver las múltiples demandas colectivas.
Criticamos a Venezuela por la manera como la Guardia Nacional reprime a los manifestantes opositores del presidente Nicolás Maduro, pero aquí también empleamos tanquetas, gases lacrimógenos y potentes chorros de agua para disolver las multitudes. ¿En qué nos diferenciamos de Venezuela? Nos ufanamos diciendo que nosotros somos una democracia, mientras que Venezuela es una dictadura, pero usamos, finalmente, métodos similares para enfrentar las protestas públicas. Desde luego, el diálogo y la concertación también han hecho parte de la agenda del Gobierno, pero la presencia intimidante del Esmad ha sido la cara fea de la moneda.
Me parece que un país que está haciendo tránsito al posacuerdo debería revisar el tema del Esmad, creado en febrero de 1999, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, mediante la directiva 0205 de la Policía Nacional. Con 18 años de existencia, este cuerpo especializado de la Policía ha sido objeto de cuestionamientos por sus excesos represivos, y convendría que, al revisar su rol, el Estado adoptara una concepción distinta frente a la protesta social.
Las batallas que hemos visto en las calles, especialmente las que se dieron en Buenaventura, nos han situado por momentos en la realidad de Venezuela, estremecida en los últimos tres meses por una intensa confrontación entre la oposición y el gobierno que ha dejado un lamentable saldo de muertos y heridos.
No se ve bien en una sociedad que se precia de democrática y de tener en alta estima la importancia de la educación, que se reprima a los docentes y a los ciudadanos en general con perdigones de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua.
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