El urbanismo irresponsable es aquel que se hace manipulando la normatividad para usar suelos que merecen protección, que destruye la vegetación natural, que arrasa las masas forestales, que erige edificios en suelos inestables y en áreas con niveles freáticos riesgosos y que desata enormes enredos vehiculares.
Lo de Colina Campestre es uno de los ejemplos de ese urbanismo irresponsable. Y aplaudo que el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico haya ordenado demoler lo que nunca debió construirse en ese suelo arcilloso. Esa construcción comenzó cuando entraba en vigencia la Ley 388 de 1997 y Barranquilla no tenía aún POT.
Sin embargo, con POT se han hecho también urbanizaciones en suelos donde nunca debió pegarse un ladrillo. Como Campo Alegre.
En términos de irresponsabilidad urbanística, Colina Campestre y Campo Alegre son parientes de Alameda del Río y Ciudad Mallorquín porque en estas dos últimas impusieron, privilegiando multimillonarios intereses inmobiliarios, una arquitectura que golpea los ecosistemas y que las autoridades ambientales y territoriales dejaron a merced del capital voraz.
En Alameda del Río hicimos un recorrido hace unos días, por invitación de la Junta Comunal, y es evidente que esa urbanización requiere de unos estudios técnicos para establecer si los acuíferos u ojos de agua que hay ahí están incidiendo en la estabilidad del suelo que soporta las edificaciones, pues en algunas han surgido grietas en muros y pisos que están causando preocupación.
El broche de este urbanismo irresponsable es Ciudad Mallorquín que he fustigado desde esta columna de EL HERALDO porque es la negación del urbanismo que exige adaptaciones al cambio climático.
En todos estos casos, la institucionalidad pública tiene la mayor responsabilidad. Ciudad Mallorquín ocurrió porque la CRA lo permitió con el POMCA 2017, porque Puerto Colombia lo facilitó con el PBOT y unos Planes Parciales, porque la Justicia Administrativa lleva años sin fallar sobre ese PBOT y porque la Procuraduría, que lo demandó, no ha ejercido suficiente presión para que el fallo se produzca.
En este contexto, hace tres meses, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se interesó en el tema Ciudad Mallorquín gracias a la agitación de un puñado de personas de la sociedad civil. La actuación del ministerio, tras una larga indiferencia, las modificaciones en marcha y prometidas a los instrumentos de planificación ambiental y territorial y la invitación de Argos a dialogar para encontrarle una salida al conflicto urbano-ambiental, quiere decir que la lucha ha tenido todo el sentido. Y no ha concluido.
