Comunicado a la opinión pública Sobre el vencimiento de términos

Barranquilla, Septiembre 27/2018.

 La libertad por vencimiento de términos de tres integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los 40 negritos’ (dedicada, según las autoridades, a la extorsión, las amenazas y el microtráfico), ocurrida esta semana y de ocho más de sus miembros hace ya un mes, y la posibilidad de que con la pareja sentimental del jefe de dicha organización pueda suceder también lo mismo, ha generado preocupación y temor entre la población del sur-oriente de la ciudad.

En este caso específico, luego de haber realizado la audiencia de acusación, la Fiscalía y el juzgado de conocimiento tenían 120 días para adelantar la audiencia preparatoria del juicio oral para estas tres personas, los cuales pasaron sin que ésta se llevara a cabo vulnerando el derecho de acceso a la justicia y la libertad personal de los procesados, por lo que al juez de control de garantías no le quedó otra posibilidad que darles la libertad.

El vencimiento de términos se produce cuando pasado el tiempo establecido en la ley no se realizan las respectivas audiencias dentro del proceso penal, como desarrollo del derecho a la libertad. El problema es que esa figura, que debe ser la excepción en un sistema penal eficiente, se convirtió en la regla en el nuestro.

Digámoslo de manera clara. Las causas de los repetitivos e irritantes vencimientos de términos deben atribuirse a los problemas en la criminalística para lograr elementos materiales probatorios y evidencia física; a la excesiva carga laboral de los fiscales y jueces; a la falta de recursos en infraestructura (pues algunos juzgados  deben compartir sala de audiencia); a la poca  dotación en equipos de trabajo (hay unidades de fiscalía que no tienen una cámara de grabación para soportar los testimonios o las declaraciones de las víctimas), y a la pobreza de medios tecnológicos (como un software que evite el cruce de agendas entre jueces, fiscales y defensores, lo cual genera la mayoría de aplazamientos de las audiencias).

Hay otros casos, aunque pocos, en los que la negligencia y hasta la corrupción o el miedo de los funcionarios de Policía Judicial y de la Fiscalía hace que los jueces no tengan otra opción que dejar en libertad a peligrosos procesados como éstos.

Por ello, tal como lo ha venido indicando el Observatorio de Justicia de la Fundación Protransparencia, urge la necesidad de realizar inversiones en infraestructura, personal, dotación y tecnología en la Fiscalía, los juzgados y en el sistema penitenciario, para reducir al máximo las posibilidades de que esta situación siga ocurriendo por aspectos estructurales.

Pero también es imprescindible que la Fiscalía General de la Nación establezca como prioritarios los casos contra el crimen organizado, los cuales debe impulsar y finalizar ante los juzgados de manera oportuna, así como realizar los controles necesarios para que el miedo y la corrupción no lleguen a volver inoperante la justicia penal frente a este tipo de organizaciones.

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