Me gustó mucho un video que ha circulado profusamente en las redes sociales de las protestas del Chocó. Por momentos creí que se trataba de un vistoso y musical desfile en algún país africano. Así deberían ser las protestas populares en las regiones, dependiendo de las tradiciones y las características étnicas y culturales. Al compás de unos pegajosos tambores, la rítmica consigna que coreaban los manifestantes era: “El Chocó se respeta, carajo”.
El Chocó ha reaccionado de nuevo. Como se sabe, los chocoanos han sido víctimas de dos mortales flagelos: del abandono histórico del centralismo bogotano que ha mirado con desdén a estos colombianos afrodescendientes, y de los propios caciques territoriales que han usado el poder local para su particular beneficio. Hay, comprensiblemente, en el alma de los chocoanos un agrio resentimiento por la forma como los ha tratado el poder central durante décadas. Les han negado la salud, la educación, buenos servicios públicos domiciliarios, carreteras. Y lo más grave: las promesas que les han hecho en protestas anteriores se las han incumplido una a una. De ahí los cambios de humor de los chocoanos. Se cansaron de vivir en calma las diarias tragedias del atraso.
La crisis que también soportan los habitantes de Buenaventura es de similares dimensiones. No se justifica que el principal puerto de Colombia soporte una variedad de dramáticas carencias. No dispone ni de un buen acueducto. Además, contra este distrito portuario se ha ensañado la violencia expresada en los horrores de las llamadas ‘casas de pique’.
No hay duda de que las protestas se han salido de cauce en esta zona del Pacífico colombiano y ha habido fuertes expresiones de violencia, lo cual es lamentable. Pero estas protestas sociales también empiezan a mostrar una tendencia: que en la nueva etapa en que empieza a entrar el país, caracterizada por un gradual desmonte de los conflictos armados, van a darse mayores motivaciones para que los ciudadanos se expresen en las calles y exijan del Estado una efectiva respuesta a sus demandas; es algo que el conflicto había atrancado porque toda protesta social se equiparaba con subversión y se le asociaba a la guerrilla.
Este nuevo escenario debe conducir al Estado, en todos sus niveles, a un cambio total. En un país que ya casi llega, según las proyecciones, a 50 millones de habitantes, necesitamos un Estado moderno, manejado con eficiencia, transparencia y honestidad, que atienda y resuelva las necesidades de la gente. Con tantos recursos y tantas potencialidades, no tienen presentación las desigualdades regionales de este país, ni los abismos económicos existentes entre clases sociales. El postconflicto debe darnos un país muy equitativo donde la riqueza esté mejor repartida, y esta es una tarea que está llamado a cumplir el Estado.
Deja una respuesta