La actual administración departamental, preocupada por el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el Distrito Judicial de Barranquilla (DJB), cuya jurisdicción coincide con la del Departamento del Atlántico, encargó a la Fundación Protransparencia el “Diagnóstico de la Operatividad del SPA en el DJB de 2010 a 2015”. Trabajo que con idoneidad presentó recientemente la fundación. Sus conclusiones y recomendaciones resultan de pertinente lectura no solo para los actores del complejo entramado judicial, sino para todos los interesados en la convivencia y la democracia para cuyo desenvolvimiento es indispensable el buen desempeño de la justicia.
En el 2002 una reforma constitucional sustituyó el sistema inquisitivo de justicia por uno basado en la igualdad de condiciones para acusados y acusadores y en la oralidad. Para su desarrollo el congreso aprobó la Ley 906 de 2004. La institucionalidad se fue implementando de manera gradual en el país y en Barranquilla entró en vigencia en enero de 2008. El documento de Protransparencia explica y comparte la conveniencia del tránsito de un sistema en el que la pena era un fin en sí mismo a uno que enfatiza evitar las injusticias, de un sistema dogmático que pretendía maximizar el castigo a uno pragmático que pretende solucionar los conflictos.
Sin embargo, el camino al cielo, sembrado de buenas intenciones, es resbaloso. De una demanda total de 417 mil casos en los 5 años estudiados, 65 mil están marchando, 135 mil están paralizados y 217 mil se han concluido. Pero de estos “concluidos” 154 mil fueron archivados, 93 mil de los cuales se archivaron porque no se encontró al sujeto activo, al pasivo o a ninguno, y solo se produjeron 10 mil sentencias. Otros concluidos incluyen 19 mil conciliaciones y 24 mil desistimientos, tal vez aburridos con el pasar del tiempo. Resumiendo: la implementación improvisada y sin la asignación de los recursos necesarios (instalaciones, personal, tecnología y logística) disparó la congestión que limita el acceso a la justicia, genera impunidad y alimenta la desconfianza en el sistema. Es decir da lugar a una tormenta perfecta de resultados opuestos a los pretendidos. Una buena idea mal implementada impide logros tempranos, frustra a funcionarios y usuarios por igual y arriesga dar al traste con los conceptos que la originaron.
La existencia del Estado moderno se finca en el establecimiento del monopolio de la fuerza, que da lugar al cobro de impuestos y a la impartición de justicia. Los vacíos que se abren en esos tres pilares son pronto ocupados por generación espontánea de autodefensas, subversivos o delincuentes. En su evolución convertimos luego el Estado benefactor en un árbol de Navidad que en muchos casos colapsa bajo el propio peso de sus incontables deberes, a riesgo de descuidar e incumplir, con muy graves consecuencias, alguno de sus tres pilares fundamentales. Seamos serios con la justicia.
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